Por: Emma L. Martínez
(09 de enero, 2015).- Con el fundamento de que 21 magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en lugar de los 11 existentes, impulsará la modernización y se garantizará justicia pronta y eficaz, llevó el PAN a la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la propuesta de elevar el número de ministros. Iniciativa que de convertirse en ley, regresaría al sistema judicial a la organización que mantuvo, hasta antes de 1995.
El 5 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León, envió un mensaje a la ciudadanía el cual tenía como objeto dar a conocer, bajo el cometido de que “necesitamos, queremos, demandamos y merecemos, un sistema de justicia eficaz, queremos que la ley sea la norma real de nuestra convivencia. Esa exigencia implica contar con un sistema de justicia fortalecido; como un primer paso en el fortalecimiento del sistema de justicia, el día de hoy envío al Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional para iniciar la transformación del Poder Judicial y de todo el sistema de justicia”.
Fue así como meses más tarde se aprobó una reforma que planteaba, además de un nuevo procedimiento para la aprobación de los nombramientos de los Ministros por el Senado de la República, también requisitos de mayor experiencia jurídica para poder aspirar a ser Magistrado de la Suprema Corte.
Y fundamentalmente, “fortalecer a la Suprema Corte, al hacerla un cuerpo más compacto y selecto concentrado en la impartición de justicia”. Reduciendo el número de magistrados de 21 a 11.
En la discusión de volver a tener un mayor número de magistrados, otro argumento por parte del PAN, es que “la SCJN se convertirá en un organismo más plural, si existe un mayor número de miembros que garanticen esta condición”. Dicha idea se basa en que existe una saturación de asuntos que los once ministros resuelven, sin ser propios del tribunal constitucional.
Sobre el tema, la abogada penalista Talía Vázquez, advirtió que “aumentar el número de ministros no soluciona el problema grave que vive el poder judicial. Lo que hace falta para que exista un progreso en cuanto a justicia pronta y expedita, es que existan mayor número de jueces de distrito, tribunales colegiados y tribunales unitarios.
Al mismo tiempo afirma que once ministros son más que suficientes, ya que en la parte económica, los costos son sumamente altos, debido a que cada uno tiene hasta diez o más secretarios de estudio y cuenta, la infraestructura que se necesita no es solamente para una persona.
Talía Vázquez agregó que “a propósito de los recortes en gasto público que ha anunciado Luis Videgaray, querer hacer crecer el pleno de la corte, parece ser un desatino. No se trata de hacer crecer instituciones burocráticas que están mal de fondo, se trata de ser eficientes ante la población desde los tribunales colegiados”.
Por su parte el senador Manuel Bartlett, declara que la propuesta del Diputado panista con licencia, Alfredo Zamora García, es “demagogia electoral” y “un planteamiento absurdo”, precisó que ya existe un enorme aparato costoso de tribunales colegiados y jueces de distrito de todo el país, quienes son los que deben encargarse de las cuestiones de amparo.
Argumentando que regresar todo este trabajo a la SCJN sería hacerlos laborar al doble. Lo cual iría en contra de todo un mecanismo que se impulsó para que la Suprema Corte fuera un tribunal constitucional. Abundando en que las problemáticas del amparo, que crecen enormemente todos los días, deben ser exclusivas de los tribunales colegiados que se han creado.
A contraposición, el Doctor Carlos Daza Gómez, Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal, declara que “elevar el número de ministros sería benéfico para nuestra justicia mexicana”. Y explica que hasta antes de 1995, cuando eran 21 magistrados, la SCJN funcionaba perfectamente bien, debido a la existencia de salas especializadas para cada materia. Pero al reducir su número a 11, las consecuencias como la que se vivió hace días atrás son inminentes, que al haber solo diez ministros, tuvieron que realizarse 32 rondas para determinar quién sería el presidente.
Daza Gómez argumenta que otro problema radica en que no existen especialidades, es por ello que casos como el de la francesa Florence Cassez lo determinó la primera sala que maneja asuntos civiles y familiares, cuando era un asunto penal. “Con el aumento de ministros especialistas en otras aéreas habría más transparencia, pero sobre todo más eficacia”, puntualizó.
