La Secretaría de Gobernación dejó clara la situación jurídica: la licencia como ministro de Nassón Joaquín García está suspendida en México, mientras que el registro oficial de la Iglesia La Luz del Mundo se mantiene vigente. La medida, explicó la titular de la dependencia, responde a que el líder religioso cumple una condena en Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina de este 17 de abril, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que el permiso del dirigente “ya tiene algunos meses” sin efectos, y subrayó que la suspensión aplica exclusivamente a su figura como ministro, no a la organización religiosa.
Suspensión individual, registro intacto
El posicionamiento oficial marca una diferencia clave: la sanción administrativa recae únicamente sobre Nassón Joaquín, mientras que La Luz del Mundo conserva su estatus legal como asociación religiosa en el país.
La funcionaria reiteró que el motivo de la suspensión es directo: el líder “está purgando una condena fuera de nuestro país”, lo que impide que ejerza funciones religiosas reconocidas por la autoridad mexicana.
Caso reactivado en la esfera pública
El nombre de Nassón Joaquín volvió al centro del debate luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) habría determinado el “no ejercicio de la acción penal” en investigaciones relacionadas con diversos líderes de la organización.
De acuerdo con documentos difundidos por la activista Adriana Dávila, esta decisión fue tomada el 17 de diciembre de 2025, apenas semanas después de un cambio en la titularidad de la fiscalía.
El procedimiento se encuentra actualmente en revisión judicial, luego de que víctimas y colectivos impugnaran la resolución.
Condena en Estados Unidos y acusaciones adicionales
Nassón Joaquín García enfrenta en Estados Unidos una condena de 16 años y ocho meses de prisión por abuso sexual de menores, delito que reconoció ante las autoridades de ese país.
El expediente también incluye señalamientos contra otros actores vinculados a la organización, relacionados con presuntos delitos como lavado de dinero, trata de personas y explotación sexual, de acuerdo con denuncias presentadas ante autoridades mexicanas.
En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó seis cuentas asociadas a la organización, con un monto cercano a los 356 millones de pesos.
Proceso judicial en curso
Las denunciantes Sóchil Martin y Sharim Guzmán, quienes presentaron el caso originalmente en 2019, interpusieron una impugnación formal contra la decisión de la fiscalía.
La audiencia de revisión, que se llevaría a cabo el 16 de abril, fue reprogramada para el 27 del mismo mes, donde un juez determinará si el caso se mantiene abierto o se cierra de forma definitiva.
Mientras tanto, el estatus legal en México queda definido en dos niveles: licencia suspendida para el líder y registro vigente para la organización, en medio de un proceso que continúa en el ámbito judicial.
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