(20 de mayo, 2014).- Pedro Joaquín Coldwell, actual secretario de Energía y uno de los principales impulsores de la reforma energética, debería dimitir de su puesto o ser removido por el Ejecutivo, ya que como propietario de compañías que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex), viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos e incurre en tráfico de influencias, así lo denunció la senadora Dolores Padierna.
La gravedad del asunto, indicó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), radica en que las empresas donde Coldwell tiene participación, mantienen contratos para comprar y vender gasolina y demás productos a la paraestatal, y él funge además como presidente del Consejo de Administración.
Para la actual vicecoordinadora de los senadores perredistas, el sumo interés que el titular de la Secretaria de Energía (Sener) ha mostrado para que se apruebe la reforma constitucional, la cual abrirá el sector energético a la iniciativa privada nacional e internacional, se explica con las acciones que él, su padre, dos de sus hijos y un sobrino poseen de seis gasolineras en Cozumel, Quintana Roo (entidad que gobernó en los ochentas), así como otras empresas que celebran contratos con Pemex Refinación.
Con la reciente reforma al sector, se dispuso al secretario de Energía como el encargado de definir los contratos para explorar y perforar los campos de la petrolera mexicana, y de igual forma deberá administrar los permisos de refinación, situaciones de las Coldwell se podría aprovechar como juez y parte.
De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, trabajadores y altos mandos de Pemex no pueden intervenir en la “atención, tramitación, o resolución” de asuntos donde cuenten con intereses familiares, económicos o personales, incluso aquellos que le pudieran dejar algún beneficio a él mismo, algún familiar o cualquier persona con quien tenga un parentesco hasta cuarto nivel.
La senadora indicó que lo arriba mencionado incluye a parientes civiles; terceros con los que sostenga vínculos profesionales, laborales o de negocios; socios o sociedades de las que el funcionario o las personas ya citadas sean o hayan formado parte.
La lista de empresas donde el secretario priista y sus familiares tienen participación, dada conocer por la senadora del sol azteca con base en estados financieros de Pemex, es la siguiente:
- Servicio Cozumel, S.A. de C.V, creada el 1 de febrero de 1994. 60 por ciento de Coldwell y 20 para cada uno de sus hijos Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis
- Planta de Combustible Cozumel, S.A. de C.V., establecida el 1 de febrero de 1994. 40 del secretario de Energía y 60 para su padre Fausto Nassim Joaquín Ibarra.
- Gasolinera y Servicios Juárez S.A. de C.V., formada el 14 de diciembre de 1995. 40 por ciento de Pedro Joaquín, 40 de su padre y el 20 restante de su sobrino Ignacio Nassim Ruiz Joaquín.
- Combustibles Caleta S.A. de C.V., constituida el 19 de noviembre de 2001. 40 por ciento para el titular de la Sener, 20 por ciento para cada uno de sus hijos, su padre y su sobrino.
- Combustible San Miguel S.A. de C.V., constituida el 12 de mayo de 2008. 25 por ciento para el otrora presidente del PRI, 25 para cada uno de sus descendientes y el 25 restante para su sobrino y padre.
- Combustibles Tatich S.A. de C.V., constituida el 27 de diciembre de 2009. Igualmente 25 por ciento para Coldwell, 25 para sus dos hijos, y mismo número para su padre y sobrino.
Como primera acción, Padierna y la bancada del PRD en el Senado de la República, exigieron la renuncia inmediata de Coldwell, o en su defecto solicitará a Enrique Peña Nieto removerlo de su gabinete. En tanto, el tema será llevado mañana a la tribuna de la Comisión Permanente para su discusión.
“De entrada es tráfico de influencias y desde luego, el hecho de ocupar un cargo, violando la Ley que le prohíbe ejercer ese cargo si él es directamente beneficiado de una empresa. De ahí, que tengan una visión tan privatizadora, que estén perjudicando a tal grado a Pemex como lo vamos a demostrar en los debates de la reforma energética”, aseveró la legisladora, quien mencionó que se deberá averiguar qué tipo de contratos recibieron dichas compañías y como se procesaron.
