Una vez más, otra de Trump. Su gobierno anunció este jueves que dejará sin acceso a fondos públicos de educación técnica, profesional y para adultos a migrantes indocumentados, rompiendo con una política que llevaba vigente más de 25 años en Estados Unidos.
La decisión, impulsada por el Departamento de Educación, elimina una regla creada en 1997 durante el mandato del demócrata Bill Clinton, que permitía a personas sin documentos acceder a programas educativos con financiamiento federal. Ahora, ese apoyo estará reservado únicamente para ciudadanos estadounidenses y migrantes con estatus legal permanente.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, no lo dijo con rodeos:
“Los trabajadores estadounidenses que pagan impuestos ya no financiarán a inmigrantes ilegales”.
Así, con ese lenguaje excluyente, justificó una medida que afecta directamente las oportunidades de miles de personas que viven, trabajan y aportan en Estados Unidos, pero que no tienen papeles.
El argumento legal con el que respaldan esta decisión es la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), una norma que, según el gobierno de Trump, siempre prohibió estos beneficios, aunque las administraciones pasadas habían interpretado lo contrario.
Pero más allá del tecnicismo legal, la acción encaja con el estilo del presidente gringo, quien no ha ocultado su discurso abiertamente xenófobo. Este movimiento forma parte de una serie de decisiones recientes para recortar beneficios educativos a migrantes, incluyendo la eliminación de casi 7 mil millones de dólares que eran usados para la enseñanza de inglés como segunda lengua.
Aunque la nueva interpretación legal entrará en vigor hasta el 9 de agosto, el mensaje es claro: en los Estados Unidos de Trump, también hay muros en la educación.
