(15 de marzo, 2014).- Las sospechosas actividades de Érick Cervantes Murillo, cajero en una sucursal de Banamex en Tabasco, aceleraron la investigación de la PGR contra Oceanografía.
Conforme a la averiguación 547/2014 de la Procuraduría de Tabasco, este empleado sustrajo documentación del banco. La denuncia por robo fue presentada el 10 de febrero.
El día 11 de ese mes, fue inhabilitada y multada por la Función Pública, y el 28, asegurada por las autoridades en acatamiento a una averiguación por fraude.
“Es un caso que ya tenía la PGR, en particular la unidad de lavado de dinero, y lo atrajo para completar la documentación”, dijo el Procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela.
Agregó que el empleado devolvió los documentos, pagó una fianza y está en libertad.
El Procurador Jesús Murillo Karam reconoció que el cajero aceleró la actuación de la dependencia en contra de Oceanografía.
Engrosa deudas
Para recuperar los más de 600 millones de dólares que prestó a Oceanografía, Banamex podría encontrarse al final de una larga cola de acreedores.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que los créditos otorgados a la firma de Amado Yáñez estaban garantizados con cuentas por cobrar a Pemex, de las que solo 185 millones de dólares están sustentados en contratos con la paraestatal.
Eso quiere decir que, al ser un acreedor común, en caso de un concurso mercantil de Oceanografía, Banamex quedaría detrás de todos los demás acreedores, entre ellos los trabajadores, el SAT, el IMSS y otros acreedores con garantías.
Y estos últimos incluyen a los fondos de inversión bonos emitidos por la empresa en 2008 y 2013, el primero, por 335 mdd garantizados con 7 barcos de de la empresa, y el segundo, por 160 mdd, garantizado por el buque OSA Goliath.
Violaron Ley de Crédito
Especialistas en concurso mercantil consultados, consideraron que más allá del fraude, Banamex seguirá siendo un acreedor común, y que incluso está en tela de juicio si se le puede considerar como víctima, pues sus ejecutivos autorizaron préstamos que podrían haber violado la Ley de Instituciones de Crédito.
El SAE, actual administrador de la empresa, no ha emprendido acciones para proteger a Oceanografía de los acreedores, pero ante la insolvencia de la empresa, tendría que solicitar el concurso mercantil ante un juez federal.
