Una Pax Mafiosa pactada entre el crimen organizado y las estructuras corruptas gubernamentales convertirían al Estado de México en un mero administrador de la actividad criminal.
Marta Durán de Huerta, RNW
(05 de diciembre. 2013).- “La delincuencia organizada debe entenderse como un fenómeno social y económico no solo como violencia que se combate con militares” afirma el doctor Egardo Buscaglia, experto de la Universidad de Columbia, en su más reciente libro “Vacíos de Poder en México“, editado por Random House.
En entrevista con RNW, el estudioso de las estructuras del crimen organizado, explica que “el Partido de la Revolución Institucional (PRI) gestionaba las organizaciones delincuenciales. La corrupción fue amamantada por el Estado pero la delincuencia organizada se transformó en delincuencia desorganizada. Esto ocurrió con la llegada al poder (año 2000) de la corrupción dislocada del Partido Acción Nacional (PAN). Los panistas gestionaron un Estado descompuesto y fragmentado, ayudados por gobernadores virreyes que han ejercido el poder sin ningún tipo de control central”.
“Con el regreso del PRI a la presidencia, más de uno reza para que se consolide un solo grupo criminal con la mayoría del poder para que se organice la delincuencia y la corrupción política y, por lo tanto, se reduzca la violencia. Los pactos con la mafia oficializarían la postración del Estado en su debilidad e impotencia para procesar los actos delictivos”, dice Buscaglia.
En esta lógica, el Estado quedaría reducido a un simple árbitro asignando a las mafias mercados ilícitos y territorios a cambio de cuotas para los políticos de turno.
Justicia selectiva
“La corrupción y la impunidad en México son hermanas siamesas. La Justicia en México es selectiva y no toca a las élites político-empresariales. La justicia es una serpiente que solo muerde el pie descalzo”, continúa diciendo Buscaglia, quien participó en la Misión especial de la ONU para investigar muerte y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El experto dice a RNW que la justicia selectiva “es una herramienta para imponer disciplina política a los adversarios del poder en turno y por ende, las acusaciones ciudadanas y periodísticas no tienen consecuencias”.
Según las estadísticas oficiales, en México solo uno de cada 100 delitos es castigado. Los conflictos de intereses y el tráfico de influencia no se penan.
Edgardo Buscaglia considera que una Pax Mafiosa pactada entre el crimen organizado y las estructuras corruptas gubernamentales, convertirían al Estado en un mero administrador de la actividad criminal.
Transparencia e independencia del Poder Judicial
En el provocador libro “Vacíos de Poder en México”, Buscaglia hace un diagnóstico de la crisis humanitaria en México, así como de propuestas concretas para combatirla.
El punto de partida en el análisis del investigador de la Universidad de Columbia, es que en una transición política desde un sistema autoritario, siempre es mucho más fácil reconfigurar instituciones del antiguo régimen que construir nuevas con base en consensos políticos y sociales democráticos.
En una transición incompleta como la mexicana, los vacíos de poder que dejó el Estado (ausente o débil) fueron ocupados por poderes fácticos, legales o ilegales.
El asesor de la ONU observa que “las empresas criminales compiten salvajemente por ocupar los vacíos de Estado mediante mayores niveles de violencia y de corrupción de las autoridades políticas. Éstas venden sus curules y resoluciones administrativas o judiciales al mejor postor”.
Desde 1990 el economista y jurista de origen uruguayo ha trabajado en 109 países comparando el modus operandi de diversos tipos de mafias. Buscaglia y su equipo encontraron patrones de comportamiento comunes, lo que les permitió elaborar una serie de recomendaciones para gobiernos y organizaciones sociales en el combate a la delincuencia organizada.
Controles, controles y más controles
La primera recomendación es la prevención; ésta siempre es menos costosa y más redituable que cualquier remedio represivo. Los controles sociales en el ámbito de familia, barrio, municipal, etcétera, deben detectar actitudes que se perfilan como antisociales, factores de riesgo que arrojen a los jóvenes a los brazos de la delincuencia organizada, que en muchos casos es la única que ofrece “un futuro” a los jóvenes.
Poner más cámaras en las calles no ayuda a prevenir nada. Sociedad civil y Estado deben trabajar en conjunto. Buscaglia recomienda la creación de un gabinete de seguridad humana donde actúen coordinados y codo con codo, ministerios de salud, de trabajo, de educación, desarrollo social.
El autor de “Vacíos de poder en México” señala la importancia de combatir la violencia intra familiar, de darle acceso a la población a los derechos humanos fundamentales, bienes y servicios básicos para una vida digna así como enseñar en las escuelas a respetar a las personas y a solucionar los problemas sin violencia.
Las sociedades latinoamericanas no están acostumbradas a exigir cuentas, nos dice Buscaglia, y eso hay que cambiarlo, sobre todo, en regiones donde la administración pública es vista como una oportunidad de robar. La sociedad civil organizada en red de redes, debe controlar, verificar y no quitarle el ojo a los funcionarios públicos y al buen uso de los dineros públicos, para que cumplan con sus obligaciones, con las leyes, y no tengan oportunidad de abusar del poder.
El control patrimonial
Por su parte, el gobierno debe establecer sistemas de control patrimonial porque es la única manera de quitarle uñas y dientes al crimen organizado. El profesor universitario insiste en que “la debilidad del Estado reside en que deja vacíos institucionales a través de sistemas judiciales colapsados que no combaten la corrupción, controles patrimoniales fallidos y carencia de mecanismos sociales para prevenir los delitos. En otras palabras, ese es el paraíso para las mafias; de ahí la urgencia de crear unidades de inteligencia financiera”.
¿Quién tiene qué riquezas y de dónde salieron?
Buscaglia explica que “el mapeo de control patrimonial significa hacer diagramas que abarquen todas las redes de negocios de los detenidos bajo cargos de crimen organizado, corrupción y desvío de fondos. Al seguir la ruta del dinero hay que investigar el círculo próximo del sospechoso, incluyendo familiares y contadores.
Sin esos diagramas de las telarañas patrimoniales de empresas y políticos cercanos a organizaciones criminales, no es posible sustentar acusaciones judiciales sólidas”, advierte el experto.
Buscaglia es duro, incisivo, polémico. Es admirado y odiado por sus duras declaraciones. Con refinados modales y porte aristocrático, no se anda por las ramas: “Las Unidades de Investigación Patrimoniales son indispensables en la lucha contra el crimen organizado debido a que revelan el esqueleto de los negocios de una organización criminal. Cuando la delincuencia organizada trabaja endonde hay controles, las mafias no gastan tanto dinero en armas y guerras por lo que sus ganancias son más altas; enfocan sus fuerzas en negocios y no en terminar con sus enemigos”, dice Buscaglia.
“Se requiere una nueva arquitectura institucional de Estado así como una sociedad civil con capacidad de poseer una red monitora de las actividades gubernamentales. Red que aún no existe en México. Las delincuencias organizadas que se encuentran ante Estados fuertes, son empresas criminales que nunca les hacen frente de igual a igual, tú por tú, con violencia extrema sino de manera silenciosa. Un Estado fuerte tiene mecanismos de controles judiciales y patrimoniales, constituidos y funcionales”.
Con acento rioplatense, Buscaglia agrega que “en países donde funcionan redes de investigación nacionales e internacionales, se ha observado una disminución de los delitos económicos, de políticos y empresarios fachada directamente vinculados con los grupos criminales más poderosos. Hay esperanza incluso para México”.
