(24 de abril, 2014).- Cifras de la Encuesta Nacional de Victimización (ICESI), indican que mientras en 2002 el porcentaje de asesinatos cometidos con arma de fuego era de 44, en 2010 pasó a 68 por ciento, esta multiplicación entre muchas de sus causas relacionadas con el crimen organizado, tiene una específica: la permisibilidad para vender rifles de asalto decretada en por Estados Unidos en 2004, sostiene el periodista mexicano Sergio Aguayo en su columna publicada en el diario Reforma, para lo cual toma como referencia dos investigaciones de 2013 que adereza con evidencias claras.
De acuerdo con el también investigador del Colegio de México, en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) coadyuvó a la eliminación de los controles que impedían la compra de “cuernos de chivo” (AK-47), y se “se han aprovechado de las creencias y temores de su sociedad para facilitar la compra y portación de armas de todo tipo”, escribe.
Aunado a ello, refiere, han respaldado a candidatos de todo tipo para el Congreso estadunidenses con el fin de crear lo que denomina una “riflebancada” que hasta el momento trasciende el poder del presidente Barack Obama, y coopera con el engrandecimiento de las organizaciones criminales mexicanas por la oferta liberada en EE. UU.
Este problema pudo ser identificado por Felipe Calderón, e incluso a cada oportunidad arengaba a al gobierno norteamericano el cese de la venta, aunque sus pronunciamientos no eras secundado con sus acciones, al punto que en canceló, sin dar explicación alguna, una demanda que se preparaban contra los culpables del tráfico de armas, en dos bufetes de Texas y Florida.
Contrario al accionar del gobierno mexicano, el pasado 9 de abril, un numeroso grupo de congresistas, apoyados por la organización protectora de los derechos humanos, Washington Office on Latin America, solicitaron a Obama prohibir la importación de armas de fuego de tipo militar para mejorar la seguridad pública y de cierta manera frenar la violencia relacionada con el trasiego de narcóticos en México.
Igual de contrario, pero en referencia a su antecesor, es la “pasividad” asumida por Enrique Peña Nieto que Aguayo califica de “absurda”, y para muestra el uso de mecanismo llamado eTrace, mediante el cual el gobierno mexicano solicita a su par estadunidense información sobre las armas decomisadas, a pesar de la gravedad del asunto, traducida en los 20 millones de dólares otorgados por la NRA en los comicios federales a quienes pretenden ingresar a la “riflebancada”, comenta el columnista.
Por último, opina Aguayo, “el Ejecutivo y Legislativo mexicanos deberían llenar de contenido el planteamiento calderonista empezando por reconocer su importancia y aprovechándose de lo que se está haciendo en EE. UU.”, pues si bien Calderon acertó al colocar en la agenda el tema y después se arrepintió, los académicos demuestran la relación existente entre el tráfico de armas y la violencia, y es deber del Estado poner una solución.
