Una jueza del distrito judicial de Chalco determinó vincular a proceso a dos exservidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, acusados por la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) de encabezar una red de extorsión contra centros de verificación vehicular que generó ganancias ilícitas por más de 430 millones de pesos en efectivo.
Los procesados por extorsión agravada y abuso de autoridad son Raúl Piña Horta —ex secretario particular de Jorge Emilio González Martínez, «El Niño Verde»— y Carlos Eduardo Solares Vega.
Al momento de su detención, se desempeñaban como director general de Control de Emisiones Atmosféricas y director de Control de Emisiones a la Atmósfera, respectivamente. La investigación establece que la red comenzó a operar a finales de 2023, poco después de que ambos asumieran sus cargos.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGJEM, los imputados y otros funcionarios hoy prófugos exigían a los concesionarios una cuota mensual fija de 200 mil pesos para permitirles operar, bajo la amenaza de suspendernos argumentando supuestos incumplimientos ambientales. Adicionalmente, cobraban tarifas por cada vehículo verificado y por cada una de las 878 líneas activas en los 163 verificentros del estado.
Módus operandi: sabotaje al sistema y entrega del efectivo
La fiscalía acreditó las dinámicas operativas y financieras utilizadas por este grupo para someter a los establecimientos:
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Control de insumos: Retenían la expedición de hologramas hasta que los propietarios cubrieran las cuotas exigidas.
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Cobro a usuarios y manipulación: Algunos verificentros trasladaban la extorsión a los automovilistas mediante «brincos». Para ello, el personal manipulaba el flujo del proceso desconectando el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV) directamente desde el Centro de Control de la propia secretaría.
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Puntos de cobro e intimidación: El dinero en efectivo se entregaba en oficinas privadas de Bosques de Las Lomas y Cuajimalpa, en la Ciudad de México, mediante citas reservadas con código QR. Asimismo, obligaron a empresarios a ceder acciones de sus compañías a dos razones sociales vinculadas a la red, bajo el argumento de contar con «protección política».
La fiscalía puntualizó que, de acuerdo con la legislación vigente en la entidad, el delito de extorsión contempla penas de hasta 70 años de prisión, mientras que el abuso de autoridad alcanza hasta nueve años de cárcel.
