Óscar Balderas / @oscarbalmen
Foto: La Jornada
(05 de diciembre, 2013).- Más de un año ha pasado ya desde que asesinaron en Guerrero a la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), Juventina Villa Mojica, y no hay responsables que paguen por el crimen.
El 28 de noviembre de 2012, Juventina fue asesinada a tiros por 40 gatilleros que la emboscaron en un cerro ubicado en la comunidad Las Ollas, en la Costa Grande de Guerrero. La líder comunitaria buscaba un sitio alto para conseguir señal en su teléfono y poder hacer llamadas telefónicas para movilizar a mujeres de la comunidad La Laguna, con quienes luchaba desde 1999 contra talamontes y paramilitares que usan sus tierras para actividades ilegales.
“La comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, ha tenido que sobreponerse a la desaparición forzada de 3 jóvenes en 2005, a los homicidios de 27 personas sucedidos entre el 2004 y 2012 y al desplazamiento forzoso interno durante 1 año 7 meses perdiendo todo su patrimonio. De esas muertes a manos de un grupo paramilitar, las autoridades ni siquiera han abierto una investigación ministerial”, señaló en un comunicado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
No importó que la dirigente estuviera escoltada por diez policías estatales, pues los uniformados al escuchar los disparos corrieron a refugirse detrás de los árboles; tampoco que estuviera acompañada de dos hijos. Los asesinos la mataron al instante, junto a su hijo Reynaldo Santana, de 17 años, e hirieron a su niña de 7 años.
Juventina era el emblema de una lucha forjada hace más de una década contra los depredadores de sus comunidades, quienes -según Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos en Guerrero- tienen nexos con el crimen organizado.
Se había ganado el respeto de su comunidad por luchar por su entorno, pese al asesinato de su hijo Jesús Santana en 2005 y de su esposo Rubén Santana Alonso el 16 de febrero de 2011. El 17 de abril de ese mismo año desconocidos asesinaron a su hijo Sergio Santana Villa y a sus compañeros Martín Casarín Arroyo y Gilberto Islas.
Aquellas pérdidas forzaron su desplazamiento por un año de su casa, lo que implicó alejarse de su hija pequeña.
La muerte de Juventina fue la culminación de una serie de ejecuciones extrajudiciales en su familia que no han despertado el interés de las autoridades, desde los policías municipales hasta la del gobernador Ángel Aguirre, acusan activisas.
“Es un mensaje macabro que se suma a la criminalización, la indolencia y el contubernio de algunas autoridades con los grupos radicales de la llamada delincuencia organizada (…) proteger a la gente de los pueblos, los recursos naturales, dar seguridad y justicia no está en los planes de los malos gobernantes, quienes están más comprometidos con la delincuencia”, dijo en noviembre de 2012 el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, al diario La Jornada.
Pese a que ya ha pasado más de un año, no hay responsables en la cárcel ni líneas de investigación sólidas que puedan resolver satisfactoriamente este caso.
“Hasta hoy, decimos que hay impunidad porque las autoridades encargadas de procurar justicia no pueden decirles a los deudos de Juventina que ya tienen detenidos a quienes hayan sido los autores materiales e intelectuales de su ejecución extrajudicial.
“Mientras ella estuvo viva, declaró ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, acudió al Ministerio Público de Coyuca de Catalán del Distrito Judicial de Mina para denunciar a los asesinos de su esposo Rubén, que el Ejército había detenido en el puente de Coyuca de Catalán por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero el titular del Ministerio Publico no aceptó levantar la denuncia haciéndose cómplice de los homicidas”, denunció el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.
Según el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el procurador de justicia guerrerense, Iñaki Blanco Cabrera, ha dicho que hay órdenes de aprehensión que no se han cumplido, a pesar de que hay testimonios de la familia de Juventina que hacen señalamientos directos de los responsables.
“Si las autoridades encargadas de prevenir el delito, de procurar e impartir justicia, aún teniendo elementos y recursos para hacerlo, no lo han hecho, si han mirado para otro lado, lo menos que podemos decir es que también hay negligencia”, acusó el colectivo.
Para presionar por la correcta resolución de caso, el Frente de Organizaciones Democráticas de Estado de Guerrero (FODEG) anunció la implementación de una campaña para exigir castigo a los responsables de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y Reynaldo Santana Villa, así como la reparación integral del daño, indemnización, garantías de no-repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados forzosos internos.
El asesinato de Juventina Villa Mojica no es el único en la Costa Grande de Guerrero. En abril de 2011 fue asesinado en una emboscada Javier Torres Cruz, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, y en diciembre de ese año fue ejecutado Ascencio Villa Santana, líder de la comunidad de La Laguna.
