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(27 de junio, 2014).- “Solo quiero salir de todo esto”, repite entre suspiros la joven mexicana Yakiri Rubí Rubio Aupart, quien desde diciembre de 2013 enfrenta un juicio por el asesinato de su violador. La joven de 21 años, residente en Tepito (una de las zonas más peligrosas de la capital de México) fue a reunirse con su novia la tarde del 9 de diciembre cuando dos hombres la interceptaron en la calle. La raptaron amenazándola con una navaja y la llevaron en una motocicleta a un hotel según la versión de la joven. Los dos hombres la golpearon y uno de ellos, Miguel Ángel Anaya la violó mientras su hermano, Luis Omar Anaya, salía a fumar.
La joven se defendió e hirió a su agresor en el vientre y el cuello con su propia navaja. El hombre comenzó a desangrarse, pero tuvo tiempo de salir del hotel y huir en su moto. Ella huyó del lugar y pidió ayuda a unos policías. Mientras era atendida por las heridas, el otro agresor la acusó de asesinar a su hermano por un pleito de amantes, algo que su condición de lesbiana desmonta, según su defensa.
Yakiri fue trasladada a una prisión de mujeres ya sentenciadas, acusada de homicidio calificado, un delito penado con cárcel de 20 a 60 años.
Tres meses después, un juez reclasificó el delito por el de “legítima defensa con exceso de violencia”, asignó una fianza (el equivalente a 10.000 dólares) que le permitió seguir el juicio en libertad bajo presentación semanal ante el tribunal. Ahora, vive encerrada en su casa, debido a las constantes amenazas que han recibido ella y familia. Sólo sale acompañada de sus padres.
“Pasó de una cárcel a la otra”, dijo Marina Beltrán, su madre de crianza desde que tenía seis meses, presente durante la entrevista con IPS. Luis Omar Anaya negó haber participado en el rapto y según su versión, aseguró que estaba en su casa, a poca distancia del hotel, cuando su hermano llegó moribundo.
Luis Omar solicitó recientemente ante un juez federal que se revoque la libertad condicional, en un amparo sobre el que hay que decidir en un plazo de 90 días. Todo el proceso ha puesto en evidencia una red de protección judicial sobre los hermanos Anaya, que incluye la fabricación posterior de pruebas en contra de la joven. Para los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres en México, Yakiri se ha convertido en un emblema contra el machismo que impera en las instituciones que imparten justicia, donde el principio es desestimar lo que digan las mujeres violadas.
“Miles de mujeres han sido asesinadas tras ser violadas y los feminicidas siguen libres. Pero una mujer violada que se defiende de la muerte termina en la cárcel y uno de sus violadores queda libre”, escribió la periodista y activista Lydia Cacho.
El caso ha sacado a la luz las deficiencias del sistema de justicia frente a una violación. Cada año, se denuncian 15.000 violaciones en México, pero solo 2.000 llegan a juicio y poco menos de 500 culminan en una condena, según el Informe de la Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por el parlamento y el gobierno con ONU Mujeres.
En el caso de Yakiri, los funcionarios del Ministerio Público tardaron nueve días en abrir una investigación sobre la violación y pasar el expediente a una fiscalía especializada en género. Tampoco fue revisada por una ginecóloga, no le dieron atención psicológica, ni pastillas para evitar un embarazo, como establece la legislación del Distrito Federal, asiento de Ciudad de México.
La Norma Oficial Mexicana 046, vigente desde 2005, estipula que en caso de violación, “las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán (…) ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia” y están obligadas a “prestar servicios de aborto médico”.
La abogada defensora Ana Katiria Suárez Castro, quien atiende gratuitamente el caso de Yakiri, aseguró que la clasificación de “exceso de violencia” en la legitima defensa se usa mayoritariamente contra mujeres violadas. El principal antecedente de este caso ocurrió en febrero de 1996, en el Estado de México, por el que se expande la metrópoli capitalina, cuando al salir de una fiesta, una joven disparó y mató al novio de una amiga que pretendía violarla.
Un juez consideró entonces que, como la sangre de él estaba saturada de alcohol y la de ella no, el agresor no era consciente de sus acciones, mientras que la joven sí pudo haber evitado las suyas. “¡El exceso de violencia en la legítima defensa es absurdo! ¿Cómo te puedes defender poquito?”, exclama la madre de Yakiri. El matiz es determinante. Si el juez no hubiera establecido el exceso de violencia al reclasificar el delito, la joven habría sido exonerada; en cambio, si el juez determina que es culpable de un exceso de violencia, la joven deberá pagar a la familia de su agresor más de 28.000 dólares para “reparar el daño”.
Además, la denuncia por la violación está bloqueada porque, para la fiscalía del Distrito Federal, el agresor ya pagó. Los fiscales no han considerado la reparación del daño, ni la participación del segundo agresor. Seis meses después de la violación, Yakiri y su familia mantienen dos batallas: una legal, para ser exonerada del asesinato y para que haya una reparación del daño, y otra personal, para vivir sin miedo y recuperar sus vidas.
“Al principio fue horrible, me ponía a llorar, porque cada vez que tengo que contar lo que pasó es como volver a vivirlo. Ya no lloro. Solo quiero que esto se acabe”, dice. También quisiera volver a estudiar. “Siempre me gustó más trabajar. Pero ahora desearía aprender de leyes para ayudar a otras mujeres que pasan lo mismo que yo y no tienen a una abogada como la mía”, dijo esbozando, por fin, una débil sonrisa.
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