(08 de octubre, 2014).- A lo largo de nuestra historia, el gobierno mexicano ha manifestado su oposición por los estudiantes haciéndolos represores de un sistema que cree que el uso de la fuerza pública es el mejor resultado para amordazar la libertad de expresión. A unos días de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, México volvió a teñirse de sangre; 46 años después, la historia se repite.
La relación entre políticos y narcos siempre fue visible, pero esta vez llegó a su límite. El pasado 26 de septiembre, elementos policiacos de la ciudad de Iguala, Guerrero, asesinaron a siete jóvenes, los cuales, a la vez son responsables de que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, se encuentren desde entonces desaparecidos.
“Son jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una normal rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada. Defienden la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso les dispararon y los secuestraron”, expresó Luis Hernández Navarro, columnista de La Jornada.
Una obra conjunta de la policía municipal y de sicarios al servicio del cártel Guerreros Unidos, “con ese telón de fondo la policía de Iguala y un grupo de la delincuencia organizada, emprendieron a balazos en contra de estudiantes quienes se movilizaban para obtener medios de transporte que les permitieran asistir a la marcha prevista para el 2 de octubre”, señaló Pedro Miguel, igualmente columnista del mismo medio.
“Desde hace mucho ha sido ampliamente señalada la relación entre el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y de su secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez, con los Guerreros unidos. Meses antes de la masacre de finales de septiembre sitios web especializados en nota roja han difundido tales conexiones así como las existentes entre Abarca y el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero”, mencionó
Acapulco, Iguala, Eduardo Neri y muchos otros municipios más del estado son territorio del narcotráfico. Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia y sus desprendimientos disputan el negocio de la siembra de mariguana y amapola, las rutas y los mercados de estupefacientes, la industria del secuestro y la extorsión.
Semanas violentas para este estado hizo que se pusiera en marcha la localización de los muchachos, el temor de los padres, amigos y familiares era saber que podrían estar secuestrados en cualquier lugar; lo que nadie nunca se imaginó fue encontrarlos días después en fosas clandestinas calcinados y desmembrados considerándose un acto de lesa humanidad.
“No hay palabras para describir la descomposición plena en el estado de Guerrero, cuyo gobierno se ufana de que detuvo a los policías municipales que participaron en el ataque a los normalistas, sin que dé cuenta de los vínculos, que parecen mostrarse, de estos con el llamado crimen organizado.
El presidente municipal de Iguala está prófugo y con oscura trayectoria política que fue cobijada por las siglas del PRD, igual que al gobernador, inerme o cómplice, no sabemos, frente a las cuentas pendientes de un presidente municipal; lo cierto es, que es el Estado quien debe responder por estos crímenes”, indicó Magdalena Gómez, igualmente de La Jornada.
También mencionó que el gobierno federal no comprende la magnitud de los sucesos donde se perfila no sólo la desaparición forzada, sino el probable escenario de una masacre. La gente, por todo el país, exige detener ya y de manera definitiva la ola de violencia que desde lustros atrás y ahora con mayor intensidad, azota por todas partes.
“Ninguna llamada de atención más fuerte a ese respecto, que los bestiales acontecimientos de Iguala, que para reforzar este reclamo general habría que sumar las sumarias ejecuciones ilegales de Tlatlaya y los múltiples asesinatos de todos los días de los que se da cuenta por doquier en la República”, agregó
Actualemnte el Partido de la Revolución Demócratica (PRD) se encuentra con la soga al cuello, el gobernador Ángel Aguirre, aclaró que él tiene “las manos limpias” por lo que no tiene nada de qué avergonzarse y pidió que se investigue a todos y no nada más “a unos cuantos”. Lamentablemente, el hallazgo de las fosas dejó perpetrado nacional e internacionalmente. Por donde se le vea, Ayotzinapa es un crimen de Estado, pero es también un crimen de lesa humanidad, tal como está estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal.
No hay otra forma de nombrar el homicidio de seis personas a manos de policías–tres de ellas estudiantes– incluyendo la tortura y la desaparición forzada de 43 jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos y alumnos de la Normal Rural.
¿Cuál será nuestro futuro si lo estudiantes le estorbamos al estado?, ¿cuál?
