(12 de agosto, 2014).- No es un secreto que dentro de las estructuras de gobierno, los municipales resultan ser los eslabones más vulnerables ante el crimen organizado, tal como quedó demostrado en el asesinato de Manuel Gómez Torres, alcalde panista de Ayutla, Jalisco, presuntamente a manos del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el cual dos funcionarios locales fueron detenidos.
Luego de que fuera ejecutado el 3 de agosto, en compañía de su escolta dentro de un rancho suyo a las afueras del municipio jalisciense, las autoridades aprehendieron a Luis Alberto Zepeda Grajeda, subdirector de la policía municipal y a José Alfredo Sánchez Dueñas, otrora asesor político suyo, por ser sospechosos del crimen.
Según las investigaciones preliminares, apoyadas en los supuestos vínculos que sostiene con el CJNG, Zepeda –quien fue recomendado por Sánchez- habría ordenado a los elementos de seguridad municipal quedarse en el cuartel para dejar sin protección al alcalde.
Sin embargo, en sus declaraciones ambos funcionarios acusaron a Sergio Hernández González, “El Comandante”, exjefe policial en El Grullo, Jalisco y presunto jefe en el CJNG, de ser el autor del asesinato. Además de que lo vincularon con el propio presidente municipal, señalamientos que fueron negados por el PAN estatal.
Desde hace unos años, los alcaldes mexicanos han sufrido severos embates de la delincuencia organizado. Tan sólo de enero de 2013 a julio de 2014, 16 presidentes municipales han muerto, como parte de las acciones que el hampa realiza para apoderarse del territorio local.
Por un lado, como apunta el sitio especializado InSight Crime, si bien el probable que Gómez Torres hubiese mantenido nexos con el cártel, las precariedad con que operan las fuerzas de seguridad a nivel estatal, han provocado que algunos alcaldes opten por trabajar con el crimen organizado ante las amenazas.
Anteriormente, se ha subrayado que los grupos delictivos buscan generar influencia en los gobiernos locales, como parte de una nueva estrategia de operación, que implica mayores ganancias en delitos locales como secuestro y extorsión.
