(25 de octubre, 2014).- Que la nueva regulación en el ámbito de las energías renovables sea lo más social, incluyente y que evite que se sigan produciendo violaciones a los derechos de comunidades agrarias y campesinos por proyectos de regeneración de energía, fue la demanda establecida este viernes por un grupo de ejidos, comunidades indígenas y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec.
Apoyados por organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y productivas de toda la República, los suscriptores del escrito, presentaron la propuesta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) luego de haber sido promulgadas las leyes secundarias de la reforma energética.
Los ejidatarios, indígenas y miembros de organizaciones sociales demandaron que éstas se reformen luego de apuntar los riesgos en que pueden derivar, mismas que podrán verse agravadas en caso de aprobarse el Anteproyecto de Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por la Secretaría de Energía.
Afirmaron que la Comisión Reguladora de Energía podrá otorgar permisos para proyectos de generación y suministro de energía eléctrica sin exigir garantías de cumplimiento de normativa social o ambiental, con lo cual las empresas podrían invocar las ventajas de las leyes secundarias ya promulgadas.
Los diez núcleos agrarios que firmaron la exigencia fueron, entre ellos, ejidos, comunidades o subcomunidades del Istmo, por la Unidad de Manejo Forestal Istmo-Pacífico A.C., el Consejo Regional de Productores Básicos del Istmo de Tehuantepec A.C., por el Ayuntamiento Municipal de San Francisco del Mar, por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre otros.
Los firmantes indicaron que las leyes secundarias ya aprobadas y promulgadas dejan sin protección a las comunidades y pueblos indígenas ante el actuar de las empresas que podrán realizar sistemáticamente “prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones y los procedimientos” para obtener derechos sobre la tierra.
De la misma manera, insistieron en que las Evaluaciones de Impacto Social previstas por la normativa son un trámite “insustancial” pues sólo decantará en emisión de recomendaciones sin que se establezcan condiciones de seguimiento, rendimiento de cuentas o sanciones en caso de incumplimiento.
Otra de las exigencias se refirió a lo relativo al establecimiento de un marco jurídico que permita a las comunidades constituirse como productores de energía renovable para la red eléctrica a través de proyectos comunitarios con fines sociales a llevarse a cabo por un tratamiento diferenciado para éstos definidos como empresas que dediquen un mínimo de 50 por ciento de resultado neto anual a la promoción del desarrollo social de las comunidades donde se desarrollará el proyecto.
