*Para la dirección de Revolución TRESPUNTOCERO agredida por policías de la Ciudad de México.
Por Paul Alcántar / @paulalcantar
El terrorismo fundamentalista que agravió a un medio como Charlie Hebdo en Francia resalta nuevamente el debate eterno sobre la libertad de expresión, sus alcances y los límites que enfrenta dependiendo de quién y en dónde se ejerza. La importancia de la nota resalta la barbarie del hecho, el móvil del asesinato de 12 personas incluidos el director del medio y el caricaturista, pero de sobremanera persiste el origen de la agresión. En el caso de Francia se trató de una venganza por caricaturizar y ridiculizar al profeta Mahoma y al Islam que son tan distantes de nuestra cultura occidentalizada, de Jesucristo y de la Biblia misma. La condena mundial se manifestó y el gobierno francés hizo presente la condena al perseguir y seguramente abatir o juzgar a quienes cometieron la atrocidad.
El debate en sí vendrá sobre la justificación misma de la masacre por herir sentimientos religiosos, y otros dirán que sólo es el sarcasmo no entendido desde la irracionalidad. Debate aceptable si ello contribuye hasta dónde el respeto y el reconocimiento de la religiosidad como derecho humanono se debe (¿o sí?) colocar en el fortalecimiento de las libertades periodísticas
Lo detestable es que en México no ocurre tal discusión ante las atrocidades que violentan la libertad de expresión en la mayoría de los estados del país. Lo peor es que la invisibilidad de tales agresiones fortalece una impunidad que trastoca lo público y debilita el derecho de quienes se dedican al periodismo independiente.
Pocos han sido los investigadores y activistas que analizan el registro de tales prácticas por varias razones y me aventuro al pensar que una de ellas es el amedrentamiento permanente que reporteros, fotógrafos y editores viven día a día al convivir con caciques, presidentes municipales, diputados locales o gobernadores en turno. Sin embargo resulta importante resaltar que los pocos trabajos que dan fe de las violaciones al periodismo local en México aseguran que el 59% de los casos de agresiones hacia periodistas los origina un funcionario público de cualquier nivel de gobierno tan sólo en 2013, según la organización “Article 19”.
Es decir, que son las instituciones del Estado Mexicano las que siguen coartando los trabajos periodísticos a través de intimidaciones, amenazas y agresiones; resaltando estados como Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua y, sorpresivamente, el Distrito Federal los que se comportan hostilmente hacia comunicadores.
La minimización de los gobernadores de los estados ya mencionados y de otros no citados, han hecho del periodismo de investigación una profesión peligrosa encerrada en círculos interminables de impunidad y corrupción generados por las mismas estructuras institucionales y solapados por los medios de comunicación convencionales que han hecho de la cosa pública un negocio más, desdeñando cualquier denuncia de abuso autoritario y desincentivando cualquier interés periodístico que trastoque intereses económicos y políticos.
Por ello la reflexión deberá ser encaminada sobre los objetivos mismos que la libertad de prensa requiere para marcar las agendas y los intereses públicos; ¿hasta dónde el periodismo en México debe luchar y soportar para inspirar mayor ciudadanía? Pero, sobre todo, ¿hasta cuándo vamos a debatir sobre la existencia y permanencia de la libertad de expresión en nuestro país?
**Analista político
