En el informe En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando y Allende, se ha dado a conocer que, “en la matanza de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición masiva de personas en Allende, Coahuila, hubo abierta complicidad de autoridades y agentes policiacos del Estado mexicano y la organización criminal de Los Zetas para cometer estas graves violaciones a los derechos humanos”.
Los hechos, ocurridos el primero el 22 de agosto de 2010 y el segundo entre el 18 y 20 de marzo de 2011, ‘‘muestran el nivel de barbarie que se vive, con la indiferencia, omisión y hasta la complicidad de autoridades de todos los niveles de gobierno”, señala el informe.
El documento fue elaborado por El Colegio de México (Colmex) y auspiciado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde se advierte que aunque las dos tragedias se debieron a múltiples factores, son tres los principales: el control casi total del crimen organizado de algunas regiones de estas dos entidades; la guerra entre Los Zetas y el cártel del Golfo, iniciada en 2010, y la complicidad de agentes del Estado.
Esta última, se dice en el documento, “se complementa con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad de otras dependencias, incluyendo los organismos estatales y federales de derechos humanos y de atención a víctimas”.
Además, se señaló, que las zonas donde se cometieron ambos crímenes son ‘‘estratégicas’’ no sólo para el paso de la droga hacia Estados Unidos, sino también por ser una de las rutas de los migrantes hacia el vecino país en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado.
Dicho informe, da cuenta de datos y versiones inéditas y confirma otras más, señala que el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando “tuvo amplia atención del gobierno federal, mientras que en la desaparición masiva de personas en Allende, derivada de una venganza de Los Zetas, se ha tenido información escasa, casi a cuentagotas. Ambos casos son ejemplos de violencia extrema y desatención a las víctimas’’.
También, la investigación señala que el caso de Allende, Coahuila, se debió a una venganza de Los Zetas contra uno de tres supuestos ‘‘traidores’’, donde con el apoyo de policías –que estaban en ‘‘nómina’’ del crimen organizado– “secuestraron a todas las personas que llevaban el apellido Garza, incluidas mujeres y niños, para ser ejecutados y sus cuerpos incinerados en tambos con diésel y gasolina”.
Ahí mismo se hablo de 26 personas levantadas, tan sólo entre el 18 y 20 de marzo de 2011; la policía refiere otros 12 hasta agosto de 2012. Pero versiones de testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos –que no ha querido entregar información a México– mencionan al menos a 300 personas desaparecidas en este lapso, en una matanza que ha sido ignorada por el gobierno federal.
“A diferencia de San Fernando, donde fueron localizados los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos que fueron ejecutados por Los Zetas ante el temor de que se tratara de gente reclutada por el cártel del Golfo, en Allende no hubo hallazgos de cuerpos y la información apareció en un juzgado estadunidense dos años después de cometerse los crímenes”, se denunció.
Además, al no encontrarse los cuerpos el caso se considera todavía desaparición forzada. Cabe señalar que, hubo dos sobrevivientes, una niña de cinco años y un niño de tres, gracias a que una policía integrada a Los Zetas los entregó en una casa hogar de Piedras Negras. De ahí fueron recogidos por sus parientes, con quienes viven hasta ahora.
En San Fernando también hubo dos sobrevivientes que habían sido dados por muertos y que fueron quienes pidieron ayuda a militares. En la presentación del informe, en el Museo Memoria y Tolerancia, Jacobo Dayán, Javier Sicilia y Juan Villoro, tres de los asesores que tuvo el trabajo, coincidieron en que “estos dos casos son reflejo de una enorme y dolorosa tragedia nacional, donde el gobierno no sólo ha sido omiso, sino también criminaliza a las víctimas.
Aprendemos geografía a través de la desgracia: Río Blanco, Tetelcingo, Ayotzinapa, San Fernando y Allende pertenecen a esta reasignación de la geografía a través del horror’’, señaló Juan Villoro.
En la presentación se tuvo acceso a diversos documentos y expedientes de investigación por parte del gobierno de Coahuila, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la CEAV, pero se dijo que “la Procuraduría General de la República (PGR), la cancillería y el gobierno de Tamaulipas se negaron persistentemente a cooperar y compartir información”.
Estaban presentes algunas madres de desaparecidos que al término de la presentación reclamaron la inacción gubernamental en las tareas de búsqueda de sus familiares: ‘‘Sí hay manera de que nos regresen a nuestros hijos, pero buscándolos’’, dijo Yolanda Morán.
