Este viernes, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, pidió al gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta abrir el expediente del caso Chalchihuapan.
Lo anterior para hacer cumplir los puntos faltantes de la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como las sanciones administrativas y penales contra servidores públicos que participaron en el operativo de desalojo, pago de indemnizaciones a los afectados, pruebas balísticas y diálogo con organizaciones sociales.
El organismo pidió revisar y en su caso cancelar las leyes y disposiciones que laceran el bienestar de los poblanos como la Concesión de Agua, la ley de expropiación express y la ley antigraffiti.
“Sostenemos la confianza que este gobierno se inclinará a favor de los derechos humanos y esperamos que ésto pueda reflejarse en la resolución de problemáticas primordiales para el Estado como las ya señaladas”, señaló.
Recordaron que fue el 9 de julio de 2014 que se vivió la represión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan por parte del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle. Como consecuencia días después perdió la vida un niño de entonces 13 años.
Lo anterior luego de que el Congreso del Estado expidiera la Ley Orgánica Municipal, que entró en vigor durante el 2014 y entre sus disposiciones terminaba suprimiendo el Registro Civil de las juntas auxiliares, para trasladarlos a las cabeceras municipales correspondientes.
Los pobladores se opusieron a la ley pues restaba autonomía e identidad a sus comunidades además de dejarlos sin recursos, así como era una dificultad que les implicaba salir de sus lugares para realizar los diversos tramites civiles.
En ese contexto, moreno Valle propuso la Ley bala en donde se permitía el uso de armas incapacitantes no letales y la utilización de armas de fuego o de fuerza letal, únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros; en días posteriores se eliminó el último punto debido a la fuerte crítica social.
Fue ese 9 de julio que los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y juntas auxiliares aledañas, bloquearon la autopista Atlixco-Puebla como medida de presión al gobierno, pero en dicho enfrentamiento la policía utilizó balas de goma, motivo por el que el menor perdió la vida al ser impactado en la cabeza.
“La versión oficial del gobierno del Estado en todo momento fue que la víctima había perecido como consecuencia de la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios pobladores” menciona el comunicado de el Comité.
Hasta que intervino la CNDH el gobierno reconoció lo realmente ocurrido, sin embargo pese a sus recomendaciones la respuesta del gobierno estatal fue una nueva ola de aprehensiones contra los pobladores de Chalchihuapan.
“El presente Comité apela a la memoria y a la Dignidad con la cual ha de conducirse el nuevo gobierno, colocando sobre la mesa, leyes implementadas en el contexto morenovallista; ha de recordarse que las balas de goma se utilizaron por primera vez el 23 de agosto de 2011 durante el desalojo del predio Ciénega Larga en Chignahuapan, sin que existiera alguna legislación que regulara su uso”
Y se añade que se encontraron bajo diversos factores como un gobierno autoritario, falta de contrapesos políticos, representantes de instituciones colocados “a modo” lejanos totalmente a un genuino sentido de servicio y búsqueda de justicia y un Congreso capaz de proponer y legislar cuestiones que vulneran los derechos de la población.
ccca.
