De más de 340 millones de pesos es el golpe económico provocado a la red de huachicol fiscal con la que está relacionado el contralmirante de la Secretaría de Marina Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y trasladado este jueves a México, consideró la Fiscalía General de la República (FGR).
La cifra corresponde al combustible que las autoridades lograron recuperar en dos operaciones realizadas en Tamaulipas y Baja California, donde fueron asegurados cerca de 16 millones de litros de hidrocarburos que habrían ingresado ilegalmente al país. A ello se sumó el decomiso de 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles relacionados con la operación.
En un mensaje en video, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que las autoridades argentinas expulsaron a Farías Laguna, uno de los sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el contralmirante estaría relacionado con una estructura dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustibles. Por este mismo caso han sido detenidas otras 15 personas, 12 de ellas exfuncionarios.
Farías Laguna permanecía detenido en Argentina desde el 23 de abril, después de la emisión de una Ficha Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) solicitada por la Fiscalía mexicana. Posteriormente, el 21 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió formalmente su extradición.
Sin embargo, las autoridades de ambos países acordaron finalmente su expulsión de Argentina, por lo que representantes de la Fiscalía viajaron a ese país para recibirlo y trasladarlo a México.
Una vez en territorio nacional, el contralmirante será ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, donde quedará a disposición del juez de control que ordenó su captura.
El origen de la investigación se remonta a 2024, cuando el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó a la FGR sobre posibles operaciones de esta red delictiva, en la que posteriormente quedaron señalados sus dos sobrinos políticos: Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante que ya se encuentra detenido, y Fernando Farías Laguna.
A partir de esas pesquisas, las autoridades reconstruyeron una operación que iba más allá del robo tradicional de combustible. El negocio consistía, presuntamente, en introducir hidrocarburos al país mediante buques y declararlos como otros productos para evadir el pago de impuestos, una modalidad conocida como huachicol fiscal.
Uno de los principales golpes contra la estructura ocurrió en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron en Altamira, Tamaulipas, un buque que transportaba alrededor de 8 millones de litros de hidrocarburo.
Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación similar en Ensenada, Baja California, donde fue asegurado un segundo buque mediante el cual habrían ingresado ilegalmente al país cerca de otros 8 millones de litros de combustible.
Con ambos operativos fueron recuperados cerca de 16 millones de litros de hidrocarburos. La FGR estima que esos aseguramientos representaron para la organización criminal una pérdida de alrededor de 340 millones de pesos. Además, las autoridades aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles relacionados con el esquema.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró reconstruir parte de la forma en que operaba la organización. Los hidrocarburos llegaban a puertos como Tampico y Ensenada a bordo de buques tanque, pero eran reportados de manera irregular como aceites o aditivos, con lo que se buscaba evitar el pago de los impuestos correspondientes al combustible.
Después de ingresar al país bajo esas clasificaciones, el producto era dispersado y distribuido mediante pipas y autotanques, según las investigaciones federales.
