La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la vía para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, continúe las acciones legales por el daño patrimonial de más de 5 mil millones de pesos derivado de contratos irregulares para la construcción de penales federales durante la gestión de Genaro García Luna.
Por una mayoría de siete votos contra dos, el Pleno del máximo tribunal del país aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Este fallo sienta un precedente histórico al reconocer por primera vez que una dependencia del Gobierno Federal tiene legitimación para promover un amparo directo en defensa de los recursos públicos de su propio presupuesto.
El caso penal se remonta a una denuncia presentada en 2020 por presuntas irregularidades cometidas entre 2010 y 2011, cuando García Luna fungía como secretario de Seguridad Pública. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que en ese periodo se diseñó un esquema de adjudicación directa ilegal para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios privados.
Aunque el cerebro de la operación fue el exsecretario —hoy preso en Estados Unidos—, la acusación penal de la FGR se centró en 16 exservidores públicos de menor jerarquía. A estos exfuncionarios se les imputaron los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa tras haber firmado 76 convenios modificatorios que mantuvieron vigentes los contratos leoninos a pesar de las inconsistencias.
El revés judicial y el rescate de la Corte
A pesar de la gravedad del desfalco, el proceso penal se había estancado debido a los siguientes fallos en tribunales inferiores:
- Falta de vinculación: Un juez de control rechazó procesar a los 16 implicados y canceló la causa penal tras considerar que los delitos ya habían prescrito, decisión que fue confirmada por un Tribunal de Alzada.
- Bloqueo a la SSPC: En octubre de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal desechó un amparo de la SSPC bajo el argumento de que la dependencia «carecía de legitimación». El tribunal argumentó erróneamente que el uso indebido de atribuciones era un delito formal y que no existía una afectación económica directa a la Secretaría.
Con la resolución dictada este jueves, la SCJN tumbó los criterios anteriores. La ministra ponente Loretta Ortiz argumentó que los recursos comprometidos eran federales y que la conducta de los acusados sí produjo un impacto financiero directo en la federación.
El expediente fue devuelto al tribunal colegiado, el cual ahora está obligado a revisar y resolver el amparo de la SSPC reconociéndola formalmente como parte afectada.
