Elvira Arellano
(10 de septiembre, 2013).- En julio de 2006, me encontraba en un santuario en mi iglesia de Chicago. El Senado presentó una propuesta de reforma migratoria que no logró su aprobación por no contar con los votos suficientes; la Cámara de Representantes intentó hacer su parte. Pedí a los compañeros de nuestra organización de familias ir a Washington a exigir a la lideresa de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes que aceptara un proyecto de ley que legalizara a todos, aun sin un camino a la ciudadanía. Nancy Pelosi estuvo de acuerdo de que tal solución para nuestro problema era posible, pero los demócratas jamás dieron seguimiento al asunto, optaron por una estrategia de culpar a los republicanos por el fracaso de la reforma migratoria y así cosechar una victoria en las elecciones. Lamentablemente, después de que los demócratas, con nuestro voto latino, obtuvieron la victoria en las elecciones presidenciales y legislativas de 2008, el presidente Barack Obama inmediatamente se olvidó de sus promesas y deportó 1.7 millones de padres y madres de niños ciudadanos estadounidenses.
Hoy en día hacemos frente a una situación parecida. Otra vez los demócratas han establecido una “línea roja”, esta vez sobre el camino de 13 años para alcanzar la ciudadanía. Queda claro que con los republicanos en control de la Cámara de Representantes esta meta no podría lograrse. No creo ser la única que cree esto. No creo que existan diez indocumentados en todos los Estados Unidos que prefieran ser deportados, si pudieran conseguir la legalización aun sin la ciudadanía llega después de una espera de 13 años. ¡Pregunten a los 1,400 migrantes que son deportados todos los días!
Además, en el proyecto de ley aprobada por el Senado, los demócratas concedieron cosas que para nosotros son importantes queremos tener éxito en su plan de lograr la ciudadanía después de 13 años. Abandonaron la idea de darles a los deportados el derecho de regresar y estar con sus familias, con la excepción de los que más recientemente fueron deportados. Abandonaron la visa de diversidad que era prácticamente la única manera en que muchos africanos y haitianos podian emigrar a los Estados Unidos. Cedieron el derecho de personas de pedir visas por la via de sus hermanos y hermanas.
Y esto también: supongamos que un hombre indocumentado tiene una esposa e hijos que son ciudadanos estadounidenses y que ha estado trabajando y haciendo pagos al Seguro Social por 10 años. De acuerdo con el proyecto de ley del Senado, tendría que trabajar otros 13 años y hacer los pagos al sistema durante todo ese plazo. Si muere el hombre, ni su viuda ni los huérfanos tendrán el derecho de acceso a un solo centavo de los beneficios de Seguro Social que aquel hombre pagó durante 23 años.
La Casa Blanca y los demócratas en el Congreso acordaron conceder todas estas cosas, también duplicando la seguridad en la frontera sin provisiones para garantizar la seguridad de los migrantes, por ejemplo, en contra de los plagios y la extorsión, para establecer una “línea roja” sobre un camino de 13 años a la ciudadanía. Ahora la Casa Blanca y los demócratas pretenden imponer esa “línea roja” a la legislación en la Cámara Baja, sabiendo perfectamente bien que no se va a aprobar por razón de la mayoría republicana. Es hipocresía partidista obligar a los 11 millones de indocumentados a escoger entre la deportación y una posición política que no puede vencer.
Tomando en consideración la gestión de esta administración, con su número record de deportaciones, su cooperación con corporaciones policiales municipales en la cacería de inmigrantes que ha prestado poder a racistas como el alguacil Joe Arpaio en Arizona, y sus auditorias de los expediente I-9 y las redadas, es esencial que cuestionemos los motivos de los Demócratas y de la Casa Blanca.
Lo más probable es que los demócratas pretendan utilizar su “línea roja” para poder culpar a los republicanos por el fracaso de la legislación de reforma migratoria y así ganarse el voto latino en las elecciones legislativas de 2014.
Nos preocupa que los mismos grupos que se alinean con la “línea roja” sobre lo de la ciudadanía, nos han negado respaldo en la campaña de presión al presidente para que utilice su autoridad ejecutiva para detener las deportaciones. Las únicas cosas que hemos logrado para nuestras familias en los últimos 6 años han venido a raíz de esta demanda.
Hay una batalla entre el partido demócrata y el partido republicano -entiendo esto y simpatizo con ello. Pero la batalla sobre la inmigración debe responder a las necesidades de los más afectados.
Creemos que es posible ganar un camino a la ciudadanía para los soñadores inmediatamente. Para el balance de los 11 millones podemos lograr una forma de legalización. Y esto no previene que, en el futuro, cuando el voto latino se ha fortalecido aún más, se podría modificar el asunto de la ciudadanía.
En un proyecto de ley bipartidista, sin una provisión uniforme para ciudadanía para todos, podemos remover algunos de los aspectos negativos que fueron incluidos en el proyecto de ley del Senado.
Lo que sí es importante es que inmediatamente presionemos al presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, para que no implemente la “regla Hastert” para bloquear la legislación. Siempre y cuando Boehner no lo obstaculice, existen los votos para aprobar un proyecto de ley bipartidista.
También debemos seguir presionando simultáneamente al presidente para que expanda el uso de su poder ejecutivo. Ya hemos ganado algunas cosas, y podemos ganar más. Tenemos que informar a los demócratas que si no logran aprobar una reforma migratoria en el Congreso, vamos a presionar al presidente y su gabinete hasta el último día en su administración.
Creo que la gente que participa en la Campaña Pro Ciudadanía goza de buenas intenciones. Aun así, los que abogan por estas cosas deben representar los intereses de los más afectados, en lugar de apegarse a la “línea” de su partido en las batallas partidistas.
Nuestras familias desean tener el derecho de trabajar legalmente, de participar en los sindicatos obreros y tener plenos derechos laborales, de mantener unidas a las familias, y de unir de nuevo a las familias separadas por la deportación. Queremos tener el derecho del uso del producto de nuestra labor. Más que nada, queremos poder criar a nuestros 6 millones de niños en nuestros hogares, sin importar si son ciudadanos o “soñadores”, para poder darles consejo y amor durante la infancia.
Nosotros no optamos por la deportación. No vamos a dibujar ninguna “línea roja” partidista. Queremos que se abra un camino para nuestras familias que supere el parálisis del partidismo. ¡Que nos escuchen!
