Rodrigo Rojo /@Eneas
(24 de Septiembre, 2013).- Los municipios más pobres del país se encuentran en la zona de La Montaña en Guerrero. Durante décadas, los gobiernos federales, tanto priistas o panistas, los han condenado al olvido y la miseria.
La emergencia humanitaria generada por el paso de las tormentas Manuel e Ingrid profundiza una situación de emergencia que se ha gestado por años con el conocimiento, consentimiento y hasta la burla de los gobernantes, quienes fingen distribuir recursos y los usan para campañas electorales.
En 2007, por ejemplo, la revista Contralínea documentó cómo el gobierno instaló postes de luz sin energía eléctrica, habilitó chozas como escuelas sin profesores, y dejó como clínica un par de remolques sin el equipo ni las medicinas necesarias.
Un nuevo episodio de este desprecio a las comunidades pobres se desarrolla ahora con el reparto discrecional de la ayuda humanitaria en Guerrero. Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, existe el riesgo de que “los apoyos emergentes no lleguen a las comunidades y sean cooptados por funcionarios con intereses políticos particulares”.
Por ese motivo, Tlachinollan organizó un encuentro entre el Gobierno Federal, representado por Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, y el Consejo de Comunidades Damnificadas.
Durante esta reunión, los representantes comunitarios hicieron un detallado recuento de los daños y presentaron un mapa con las afectaciones documentadas en las comunidades. En este evento, denunciaron que, a una semana de la emergencia, todavía no se ha recibido la atención gubernamental que requiere la zona de La Montaña. De nueva cuenta, la región está siendo relegada.
Los representantes comunitarios le demandaron a Robles que diseñara un plan de atención integral a las afectaciones causadas por Manuel e Ingrid. La secretaria se comprometió a reconocer al Consejo de Comunidades Damnificadas como interlocutor válido y designó a Javier Guerrero, subsecretario de Desarrollo Social, como enlace en la región.
El semanario Proceso reporta que la secretaria fue recibida con un “alud de reclamos” que provocó su enojo, por lo que pretendió desalojar a los medios de comunicación de la reunión con los representantes comunitarios, lo que el Centro de Derechos Humanos no permitió. Una mujer originaria de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, el más pobre del país, denunció que mientras el gobierno evacuó por vía aérea a los turistas en Acapulco, los indígenas siguen atrapados “en varios pueblos que quedaron incomunicados”.
Robles se excusó diciendo que los equipos de rescate no habían podido llegar a Cochoapa y Metlatónoc debido al clima –por tierra los caminos están destrozados y por aire continúan las lluvias–, pero que al resto de los municipios la ayuda sí ha llegado.
El Centro de Derechos Humanos señala que, a una semana del inicio de las tormentas, “los estragos que el desastre natural dejó en La Montaña apenas comienzan a dimensionarse”.
El muestreo que realizó en 55 comunidades de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Malinaltepec, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tlacoapa y Tlapa “registró al menos 18 personas fallecidas y 45 lesionadas; 3 mil 381 viviendas afectadas por cuarteaduras, inundaciones y deslaves; 5 mil 303 parcelas de maíz, platanares y cafetales destruidos, entre otros daños. Asimismo, el 100 por ciento de las comunidades reportó afectaciones en tramos carreteros, en la red de distribución de agua potable y energía eléctrica”.
El comunicado de Tlachinollan subraya que estos números corresponden únicamente a un muestreo preeliminar y que, sin duda, “los números aumentarán cuando se obtengan datos “de comunidades ubicadas en las partes más alejadas de Acatepec, Cochoapa y Metlatónoc”.
Tlachinollan hace un llamado a la sociedad civil y a la solidaridad nacional e internacional para que sigan enviando ayuda a La Montaña. Esas comunidades, continúan enfrentando los estragos de las tormentas y el olvido del gobierno.
