La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura y puso un alto. No hay elementos suficientes para ejecutar detenciones provisionales contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras la orden emitida por una juez en Nueva York.
La institución dejó claro que no procederá ninguna acción hasta que el gobierno de Estados Unidos entregue pruebas sólidas que sustenten los señalamientos de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Sin pruebas, no hay detención: postura oficial
Durante conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó el criterio legal que rige este tipo de solicitudes internacionales.
Advirtió:
“La detención provisional en materia del pedimento constituye una restricción a los derechos humanos. Por ello mismo sólo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional”
El funcionario subrayó que este tipo de medidas no pueden basarse en señalamientos sin sustento, ya que implican una afectación directa a derechos fundamentales.
Orden desde Nueva York sin sustento documental
La reacción de la FGR ocurre luego de que una juez con sede en Nueva York emitiera una orden de aprehensión contra Rocha Moya y nueve personas más, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de ex funcionarios de seguridad.
De acuerdo con los señalamientos, los implicados habrían protegido operaciones de la organización encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, presuntamente a cambio de sobornos.
Sin embargo, la Fiscalía mexicana fue enfática:
“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”
Exigen pruebas antes de activar extradiciones
Jiménez Vázquez detalló que, conforme a derecho, la detención provisional solo procede si se acredita la urgencia y el riesgo de evasión de la justicia.
En ese sentido, explicó:
“La esencia de esa medida cautelar es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas. Y en razón de ello, lógica y jurídicamente se tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable, la urgencia de la autorización de la detención provisional”
Añadió además:
“En primera instancia no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”
FGR solicita información formal a Estados Unidos
Ante este escenario, la Fiscalía informó que solicitará a través de la cancillería toda la documentación necesaria para analizar el caso bajo los canales formales y con confidencialidad.
El funcionario explicó que: “La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso”, por lo que se buscará recibir pruebas, argumentos, informes y documentos por las vías institucionales correspondientes.
Investigación en curso en territorio nacional
Finalmente, la FGR confirmó que mantiene abiertas investigaciones en México sobre los hechos señalados, con base en la legislación nacional y el marco del Estado de derecho.
Jiménez Vázquez puntualizó que la Fiscalía actúa bajo sus propios procesos:
“Se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional, en términos de nuestra legislación y de acuerdo con al paradigma del estado constitucional y democrático de derecho”
Con esta postura, la FGR condiciona cualquier acción legal a la presentación de pruebas concretas, dejando en pausa las solicitudes de detención mientras se integra el expediente completo.
