En Aguascalientes, la persecución contra el derecho a decidir ha rebasado las fronteras de los tribunales. Bajo el gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional (PAN), la criminalización se ha convertido en una estrategia atmosférica: permea en los medios de comunicación, fractura familias y corrompe el sistema de salud pública.
Ante un Estado hostil que utiliza el aparato institucional para infundir miedo, las redes de acompañamiento feminista se han consolidado como la única trinchera real para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y personas gestantes.
Así lo describe Angie Contreras, vocera del colectivo Mujeres Vivas y Libres, quien denuncia que la estrategia estatal no busca debatir políticas de salud, sino imponer un régimen de terror social que paraliza a las ciudadanas incluso ante la necesidad de solicitar información básica.
La situación del estado llama la atención luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazara la discusión del proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, el cuál determina que la reducción de semanas para que las mujeres puedan practicarse un aborto (pasando de 12 a 6) fue una acción inconstitucional por parte del Congreso de Aguascalientes.
Ese mismo día, la diputada panista Alma Hilda declaró públicamente que, “así como viene, no lo vamos a acatar”. Además, para medios locales, la presidenta de la bancada panista admitió haber operado políticamente para frenar el mandato judicial federal bajo el argumento de “respetar la regionalidad” y el supuesto fervor conservador del estado.
Para las organizaciones civiles, el argumento panista de que la SCJN “legisla por encima de los estados” es una narrativa falsa para evadir su responsabilidad. Cabe recordar que la Corte no redacta las leyes locales, sino que determina si violan la Constitución. Al desacatar activamente estas resoluciones, el Congreso de Aguascalientes incurre en un desafío directo al pacto federal.
El laberinto de la salud pública: estigmatizar hasta que se agote el tiempo
La violencia institucional en la entidad se ejerce con burocracia y saña psicológica. De acuerdo con la activista, cuando una mujer acude a las instancias de salud pública con la esperanza de recibir orientación garantizada por la ley, se enfrenta a un boicot sistemático diseñado para dilatar los procesos de manera deliberada.
“Lo que recibes es que te van a ver feo, te van a estar haciendo comentarios muy violentos, te van a negar información, te van a hacer ir a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que se pasen las semanas y al final no tuviste derecho a la opción de la salud”, detalla Contreras.
Este sutil pero efectivo mecanismo de tortura administrativa anula en la práctica el derecho a la salud reproductiva, obligando a las pacientes a transitar por un viacrucis institucional donde la objeción de conciencia se deforma para convertirse en castigo moral.
Para el conservadurismo hidrocálido, el Código Penal es solo una herramienta más; el verdadero objetivo es la muerte civil de quien decida abortar. Contreras alerta sobre la existencia de una “criminalización social, mediática y familiar” alimentada desde el discurso oficial, donde se ha normalizado el uso de la palabra “asesinato” para referirse a un procedimiento médico básico.
Este linchamiento público ha sembrado un clima de pánico que silencia las redes de apoyo digital y comunitario.
“Claro que hay miedo. Las chicas tienen miedo incluso de preguntar en redes sociales o en algún grupo de WhatsApp, porque justamente la despenalización no se queda solamente en lo que pasa en el Cónigo Penal sino en como el discurso está permeando. Si mantienes un discurso social de que el aborto es permitir el asesinato, se fomenta el miedo y la criminalización”
La activista señala la dureza de tal persecusión al recordar que la narrativa gubernamental fomenta el perjuicio familiar y divide hogares, aislando a las jóvenes gestantes de sus entornos afectivos primarios y empujándolas a la clandestinidad y al riesgo sanitario.
Las acompañantes que sostienen la vida donde el Estado persigue
Frente al desierto institucional, la solidaridad feminista autogestiva ha emergido como el verdadero servicio de salud pública de la región. Contreras enfatiza el valor de las redes de acompañantes, colectivas que absorben los costos económicos, emocionales y de tiempo para proveer medicamentos como el misoprostol e información científica basada en la empatía.
“Yo siempre voy a aplaudir y agradecer a todas las compañeras acompañantes que están dando el cuerpo, su tiempo y a veces hasta el factor económico para poder dar información desde el respeto”, afirma, recordando que estas redes actúan donde el Estado abdica de sus obligaciones constitucionales.
La ofensiva conservadora en Aguascalientes no es un hecho aislado, sino un espejo del retroceso internacional, del cual el mejor ejemplo son los Estados Unidos yla caída de la sentencia Roe v. Wade.
Ante este panorama, la resistencia feminista tiene claro que la despenalización parcial obtenida en 22 estados del país no es el fin de la lucha, sino apenas el piso mínimo, pues los grupos antiderechos buscan “formas creativas para operar los retrocesos”.
La batalla de los movimientos sociales, concluye Contreras, debe ser permanente y progresiva. No basta con defender el papel de la ley; la exigencia debe trasladarse al territorio: capacitar personal, descentralizar el acceso a métodos anticonceptivos y garantizar clínicas dignas tanto en las capitales como en las comunidades más alejadas para asegurar que, sin importar el partido en el poder, la maternidad sea siempre una elección deseada, acompañada y segura.
