(11 de enero, 2014).- Habitantes de Santa María Temaxcaltepec denunciaron que el diputado del PRI, Fredy Gil Pineda Gopar y la delegada de la Sedatu, Sofía Castro, se han empeñado en meterse en la vida política de esa comunidad indígena por intereses económicos desmedidos y mantener el control de la región chatina.
Así lo denunció Aquilino Loaeza Juárez, presidente municipal electo en la asamblea comunitaria del 10 de noviembre, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca desconoció para fortalecer “el cacicazgo” priista en la región chatina, “cumpliéndole sus caprichos al diputado Fredy Gil”.
Acusó que “desde hace poco más de una década grupos de poder del PRI encabezados por Fredy Gil y la ahora delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Sofía Castro, ahora en complicidad con el Poder Judicial del Estado, pretenden fortalecer su cacicazgo al imponer candidatos”.
Lo preocupante, dijo, es que la Secretaría General de Gobierno se ha convertido en cómplice de estos políticos al obedecer las órdenes de Fredy Gil y Sofía Castro, quienes están acostumbrados a recurrir a la violencia con tal de lograr sus objetivos y salirse con la suya.
En conferencia de prensa, Loaeza Juárez refirió que el 30 de diciembre pasado el TEEPJO revocó la Constancia de Mayoría que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), les otorgó el 19 de diciembre al validar la elección celebrada el 10 de noviembre del año pasado.
Indicó que el grupo inconforme, encabezado por Ponciano Torres, al perder la elección interpuso un recurso de inconformidad arguyendo que se realizó otra asamblea el 1 de diciembre pasado, en la que supuestamente fue electo, pero “esa asamblea fue preparada desde la Secretaría General de Gobierno (Segego), apoyado por el diputado del PRI (Partido Revolucionario Institucional), Fredy Gil Pineda Gopar”.
Aseveró que en Temaxcaltepec se violentaron los usos y costumbres ya que ancestralmente las elecciones se han efectuado a mano alzada y la asamblea que el Tribunal valida, supuestamente fue efectuada por voto secreto y en urnas, lo que dio lugar a alterar e inflar un padrón inexistente, ya que los habitantes del municipio ya habían votado en una asamblea con voto directo.
Categórico, Loaeza Juárez afirmó que “el cacicazgo e imposición en la región chatina se ha efectuado desde hace décadas por grupos de poder protegidos por el PRI, y ahora en complicidad con el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca violenta los usos y costumbres y los derechos políticos de los pueblos indígenas, en especial de Santa María Temaxcaltepec”.
Es por ello que recurrieron a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para denunciar que el Tribunal Electoral de Oaxaca viola los derechos de los pueblos indígenas para fortalecer los cacicazgos políticos y económicos protegidos desde la Secretaría General de Gobierno.
En el documento señalaron 11 agravios porque violan la autonomía de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades y en caso de que el falló sea en su contra recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reiteró que desde hace una década ese político “ha creado inestabilidad al querer imponer autoridades pero hasta hoy no lo hemos permitido. Sabemos que está presionando a la Segego para que manden a un administrador afín a él (Fredy Gil) o en su caso reconocer a Ponciano Torres candidato del diputado.
Conociendo de sus antecedentes violentos, Aquilino Juárez Loaeza responsabilizó de “cualquier tipo de agresión hacia mi familia y mi persona a Fredy Gil, Plutarco Loaeza Polar y Ponciano Torres, pues conocen su actuar y como ejemplo refirió que el diputado es responsable de la desaparición del indígena Lauro Jiménez, el 30 de diciembre de 2006, en la localidad de El Vidrio, Juquila.
Dijo que ya se interpusieron los recursos respectivos para impugnar e inconformarse en contra de la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que violenta flagrantemente los derechos de los pueblos indígenas y una vez que se agoten los recursos internos, Cedhapi y Barca presentarán los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos /CIDH)para dejar precedente en el tema de derechos políticos de los pueblos indígenas.
