(13 de febrero, 2014).- La agrupación defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, hizo público su pesar a razón del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz; “Goyo”, como se le nombrara en las redes sociales al difundir mensajes para exigir al gobierno de Veracruz que se le encontrara con vida.
El reportero de Notisur y Liberal del Sur fue raptado en Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 5 de febrero, y encontrado sin vida seis días después en una fosa clandestina junto a otros dos cadáveres, en el municipio Las Choapas del mismo estado.
“Expresamos nuestras más profundas condolencias con la familia de Gregorio Jiménez y nos solidarizamos con las voces que claman justicia”, manifestó Artículo 19, recordando que ya son 75 periodistas asesinados en México desde el año 2000; de los cuales, se han documentado 15 casos en Veracruz, y 10 de estos durante la administración del gobernador Javier Duarte.
La organización recriminó que la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, tenga la intención de descartar, desde el principio, una investigación sobre el asesinato de “Goyo” a causa de su labor periodística, y prefiera limitar los hechos a “un conflicto personal entre vecinos”.
En fechas recientes se dio a conocer que Jiménez cubría hechos delictivos en la localidad de Villa Allende, y que a finales de octubre pasado, fue amenazado por la dueña de un bar donde se cometiera el secuestro de dos migrantes.
Artículo 19 reveló información que detalla cómo un grupo criminal ordenó amenazar a los medios locales de comunicación desde hace seis meses, para que los escritos sobre sus actividades delictivas no fueran publicados. Con base en esto, ahora se exige a las autoridades que no descarte la línea de investigación al respecto y “que agoten todas las líneas posibles, incluida la labor profesional del periodista, y que se salvaguarde la integridad de su familia y la de los medios de comunicación donde laboró”.
Asimismo, expusieron que “es preocupante que Enoc Maldonado, fiscal encargado de investigar el caso de Gregorio Jiménez, sea el mismo responsable que con incompetencia y deficiencias investigara el homicidio de la periodista Regina Martínez”.
De igual forma, se demandó al Estado mexicano “garantizar el ejercicio periodístico y salvaguardar la integridad física de los comunicadores que laboran en el sur del estado de Veracruz”, quienes han denunciado que en esa región “no existen condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, ya que en la zona se han presentado varias agresiones e incluso han sido retenidos por el mando Único de Policía”.
Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenaron el asesinato del reportero mexicano y llamaron a que la investigación para esclarecer el caso sea exhaustiva, sobre todo después de que las autoridades anunciaran tener a cinco detenidos, entre los que se incluye a Teresa de Jesús Hernández Cruz, la dueña del bar donde ella misma amenazó a “Goyo”, y por tanto, presunta autora intelectual del crimen.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de la SIP, pidió esclarecer el crimen en absoluto, “identificando a todos los responsables para procesarlos y aplicar las sanciones correspondientes”, sin descartar su labor periodística como el móvil para que Hernández Cruz contratara a los raptores y asesinos.
En tanto, el día de ayer la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó al Gobierno Federal, por dicho asesinato, además de lamentar “las sucesivas muertes violentas de Regina Martínez, Esteban Rodríguez, Gabriel Hugé Córdova, Irasema Becerra, Guillermo Luna Varela, Víctor Manuel Báez Chino, Noel López Holquin, Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz, Misael López Solana, Esteban Rodríguez y Agustina Solana”.
Aunado a esto, la dependencia de la ONU-DH agregó que el “Committee to Protect Journalists” registró que los periodistas Sergio Landa Rosado, Miguel Morales Estrada y Manuel Gabriel Fonseca a la fecha siguen desaparecidos.
“Combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra las y los comunicadores sociales, así como los múltiples ataques a las instalaciones de los medios, es un deber indelegable e irrenunciable de las autoridades, pero urge además atender el evidente clamor del gremio periodístico por que se diseñen e implementen medidas eficaces de prevención ante la vulnerabilidad creciente en la que desarrollan sus labores”, declaró Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado, luego de dar sus condolencias a los familiares y amigos de “Goyo”.
La ONU-DH exhortó a las autoridades federales y estatales para que se utilicen todos los recursos en una investigación ágil, completa e imparcial que consiga enjuiciar y sancionar a los responsables. Finalmente, alentó al Estado Mexicano para que sean implementadas y reforzadas las medidas necesarias que garanticen los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de los periodistas.
