Redacción / @Revolucion3_0
(03 de marzo, 2014).- El representante adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), Eduardo Benítez, señaló esta mañana que a dos años de que el derecho humano a la alimentación haya sido establecido constitucionalmente, no existe una ley reglamentaria, situación que se vuelve preocupante cuando no existe una iniciativa para legislarlo en el actual periodo de sesiones del Congreso.
En días pasados, a este llamado se sumó la organización campesina El Barzón, quien a través de una carta dirigida a Enrique Peña Nieto (www.revoluciontrespuntocero.com/carta-de-el-barzon-a-pena-nieto-10-criterios-para-un-acuerdo-nacional-alimentario/ ) apuntó diez criterios para un acuerdo nacional alimentario, de entre los cuales enfatizó la importancia de legislar políticas y programas a rango de ley.
La organización campesina indicó: “La elaboración de nuevas políticas y programas elevados a rango de ley, serán el soporte para elevar la producción nacional sustentable de alimentos, reducir sensiblemente la dependencia y las importaciones, garantizar nuevos equilibrios en el desarrollo regional, satisfacer el bienestar de los consumidores, el ingreso justo de los productores, superar la pobreza y establecer las certezas jurídicas y económicas en las propiedades sociales de las comunidades y en el respeto de los territorios y sus recursos naturales”.
Benítez, por su parte, agregó que la Cruzada Nacional contra el Hambre debería generalizarse al poner énfasis en la población de mayor rezago, además de orientar la ley reglamentaria hacia el cese de la pobreza rural y reorientarlo el gasto público hacia zonas marginadas, pues gran parte de los subsidios se orientan a productores de mayores recursos, aseguró.
“Es preocupante e inquietante que en las políticas públicas no se refleje mucha intencionalidad del derecho a la alimentación”, concluyó el funcionario de la FAO.
Actualmente en el país existen 27.4 millones de personas con carencias en el acceso a la alimentación, de los cuales 7.1 millones viven en pobreza extrema y alimentaria, de acuerdo con datos oficiales.
