(7 de marzo, 2014).-Tras la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, diversas voces se han mostrado a favor y en contra de este nuevo reglamento, sin embargo, en algunos lineamientos, se quedan vagas las ideas que desde el año 2008 no se habían contemplado.
En este sentido, la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), explicó a través de un comunicado que el nuevo código permite avances en la materia, pero que aún hace falta atender asuntos pendientes.
“El Código Nacional de Procedimientos Penales parte de la reforma presentada en el 2008 y de las tareas por implementarla cabalmente. En este sentido, es menester alcanzar integralidad en el sistema de justicia mexicano mediante un código único para evitar la prevalencia de criterios o interpretaciones divergentes o contradictorias que den lugar a tratamientos normativos desiguales”, destacan.
INCIDE destaca que es necesario delimitar la atención de diferencias más notorias entre el modelo de justicia inquisitivo y el de corte adversarial con el que cuenta el sistema de justicia del país.
“El sistema de corte inquisitivo se caracteriza por ser predominantemente escrito, esto significa que se juzga a la persona acusada través de lo que va agregándose a un expediente, lo que privilegia una situación de obscuridad o secrecía”, apuntan.
Dentro de las preocupaciones que mantiene INCIDE Social, está en el otorgamiento de facultades para realizar actos claramente invasivos de la privacidad y la seguridad personales a instituciones y funcionarios, ya que algunos no cuentan con el nivel de instrucción y sensibilización en materia de derechos humanos y que por tanto carecen de la madurez necesaria para no ocasionar la materialización de violaciones a los mismos.
Con esto, determinan que se cuenta con un paso favorable para buscar el establecimiento de un sistema de justicia que privilegia la celeridad, la presunción de inocencia y la transparencia, pero los principios que sustentan el sistema acusatorio van en el tenor de compromisos internacionales que México ha suscrito y que tienen que ver con el derecho al debido proceso.
