(12 de marzo del 2014).- “Me da gusto acompañar a mi esposo en este bello lugar. El apoyo que da el gobierno de la República es sin duda porque mi esposo cree en las mujeres, en lo que somos capaces de hacer. Son seis mujeres en casa que le echamos montón, está preocupado, cree en nosotras y te agradezco de verdad [Enrique Peña] que me des la oportunidad, porque un hombre que empieza dando en casa lo hará siempre”.
Las palabras citadas son de Angélica Rivera, la bella esposa de Enrique Peña Nieto, pronunciadas en un acto anticipado al ocho de marzo. Ahí habló, de cercana a cercana, de mujer a mujer, con algunas señoras yucatecas.
Más allá del protocolo, tres días después, otras señoras fueron confinadas al rincón que se les ha asignado desde hace varios años: ellas cargan costales repletos de olvido, dolor y soledad por parte del Estado. También denuncian a la sociedad civil.
Ellas, al contrario de las yucatecas que fueron montadas en el templete oficial, se han vuelto lastres para el gobierno federal y para las miradas indiferentes. Son la otra cara del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres que no son vendibles. Las que no tienen nada que recibir, sino acaso, malos tratos y malas noticias.
¿Sus nombres? Ana Enamorado, Teresa Vera, Lucía Baca, Norma Andrade, Rosa María García Valenzuela, Irma Alicia Trejo, María Herrera, Araceli Rodríguez.
¿Y en qué se parecen? ¿Por qué les sacan la vuelta?
Todas tienen un familiar o hijo que se lo tragó la tierra. Todas los buscan desde hace años. Todas lloran a raudales. La mayoría se les cuaja el rostro al primer recuerdo. Sus parpados se han transformado en bolsas de agua cubiertas por pañuelos hechos añicos; recuerdan a los suyos que no están ni tampoco están. Son como fantasmas.
Los desaparecidos de la guerra…
Un botón, una muestra
En la presencia de Araceli Rodríguez, difícilmente se puede rastrear algún atisbo de coraje. Ella, por su parte, dice lo contrario.
El 16 de noviembre del 2009, su hijo, Luis Ángel, salió de su casa y de ahí nadie volvió a saber de él. Era Policía Federal y, previo a la crisis michoacana que actualmente conocemos, el cártel de La Familia Michoacana –hoy los Caballeros Templarios–, sólo tenían un enemigo en común declarado políticamente: las fuerzas armadas federales.
Ese día el joven policía salió de madrugada. Tenía el encargo especial de ocupar un pequeño poblado michoacano. Sin embargo, al viajar en un auto particular, armado y en el silencio institucional por el tamaño y riesgo de la operación, también corría el riesgo de ser presa del crimen organizado. Nadie sabía lo que harían, a excepción de sus mandos.
Luis Ángel nunca más volvió, murió. Su madre sin ver nunca su cuerpo, únicamente sabe cómo fue torturado, vejado, cortado en pedacitos con una sierra y desaparecido entre los montes, la maleza, los perros en ese embudo obscuro que es Michoacán.
“Hoy la verdad no sabemos qué es mejor, que nos digan que está muerto y nos estreguen el cuerpo en un ataúd, besarlo, decirle adiós con una interrogante en el alma, o que nos digan que está muerto y que lo está hecho pedacitos, seguirlo buscando y encontrar indicios sin llegar nunca a él”, dice, Rodríguez, quien se siente en la garganta un nudo que aprieta.
Pese a todo, ella no pudo resistir quedar con las manos cruzadas. “Él era un hijo de familia y no voy a abandonarlo”, explica Araceli. Y dice, advierte, que habrá de encontrarlo a como dé lugar. Se envalenta. Se empodera. Tiene el respaldo del Movimiento por la Paz. Sólo eso le protege su menudito cuerpo.
Pese a todo, las lágrimas no han menguado la indiferencia de la sociedad y las autoridades. Tal es el absurdo al que se enfrenta: el 16 de mayo del 2013, el Órgano de Control de la Policía Federal lo citó porque habían emprendido una demanda administrativa contra Luis Ángel. ¿La excusa? Era acusado de abandono de trabajo. Nadie se acordó, que casi cuatro años antes, su madre fue sacada a empellones y tratada como loca.
Desde la denuncia pública, ha recibido amenazas de muerte.
¿Quién podrá mirar las heridas?
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritan una y otra vez, cada que pueden.
Es canto de guerra en momentos las enlazan, cuando la falta de abrazos y solidaridad refulgen entre los asistentes.
La maestra Norma Andrade, cuya hija Alejandra fue secuestrada hace 13 años atrás en Ciudad Juárez, y cuyo dolor impulsó a que fundara, junto con otras mujeres, el movimiento Nuestras Hijas de Regreso a Casa, recuerda que la violencia no sólo la ejercen los criminales: “es importante recalcar que la violencia también la ejerce la sociedad con su silencio, con su indiferencia.”
Ella lo sabe mejor que nadie. Durante más de una década, ha luchado incansablemente para visibilizar el caso de su hija y el de otras más. Cientos. Porque dice, ellas fueron el antecedente de esa atmosfera de genocidio que se asienta sobre el país, pero que muy pocos dimensionan. Muy pocos pueden concebir.
Ahora lucha con los conceptos para poder hacerlo inteligible:
“En México, no sólo existe un tipo de desaparición ´forzada´, hay tres: hay las desapariciones como la que sufre mi compañera María Herrera, cuyos cuatro hijos fueron desaparecidos en Michoacán por el crimen organizado. Luego, hay otra como la que sufrí yo: a mí a mi hija la raptaron para explotarla con fines sexuales, porque hay gente que las toma para satisfacer sus deseos y después asesinarlas, arrojarlas a un terreno baldío para que las encuentre la gente. Luego, hay otras que aplica el Estado, como la de Araceli Rodríguez”.
Pero quizá la lucha más importante, sigue siendo aquella por sensibilizar el dolor por el que atraviesan sus compañeras: “¿A quién le importa por lo que nosotras pasamos? Me parece que a muy pocos. El problema es que la sociedad civil y el gobierno, al ignorarnos, no sólo se vuelven cómplice, sino también posible víctima. Dicen que soy muy cabrona y muy violenta, sí, pero el problema es que cómo podremos a hacernos entender…”
Sin voluntad política
Para Alejandro Vélez Salas, doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra y experto en temas de desapariciones forzadas, el asunto de la resolución de estos casos atraviesa indudablemente por la decisión política, a menudo, ausente ente los gobiernos estatales y federales: “Simplemente no hay marco institucional efectivo que atienda estos casos; las fallas están en todos lados, es como si viviéramos en un queso gruyere. La estructura no está preparada para a tragedia humanitaria que vive el país.
“Desde los estados que no tienen tipificado el delito de desaparición forzada, algunos otros que no vinculan el tema de la trata con las desapariciones, hasta una profunda falta de preparación, la excesiva carga de trabajo, la negligencia de los ministerios públicos, la falta de búsqueda en vida que muchas veces ni existe. Y por último, cabe recordar, existen aproximadamente cien investigadores de la Fiscalía Especial, para 27 mil casos, la cifra se distribuye en 270 por cada uno.”
Desde hace tres años, Vélez junto a la escritora catalana Lolita Bosch, creó una página de internet –primero un blog– en el que se ha tratado de visualizar y establecer vínculos de comunicación con las víctimas de violencia en el país: Nuestra Aparente Rendición. El éxito rotundo de esta propuesta se ha suscitado mediante la el engarzamiento y visibilización de muchos casos; aun así, reconoce, los esfuerzos han quedado limitados por la falta de dicho marco institucional.
Un caso específico, subraya, es que el gobierno federal, en los primeros días de la administración de Peña Nieto, aceptó tener una base de datos con 27 mil personas desaparecidas, ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón.
En ésta, sin embargo, no existe la certeza de dimensione realmente la gravedad del problema. “A nadie le beneficia decir en el Estado que hay 27 mil desaparecidos, obviamente hay voluntad de algunos casos, algunos funcionarios, algunos ministerios públicos, pero en el fondo, también hay carencia de llevarlo a buen término. A muy pocos le importa. Todo esto se ve, primero, en el hecho que no están preparadas las instituciones y segundo, en que a veces también tenemos una estructura estatal que está relacionada con el crimen organizado”, sostiene.
Un caso específico: además de la lista publicada por Miguel Ángel Osorio Chong, existen otras dos de otras dos listas de desaparecidos más. Una que levantó la Policía Federal (PF) y otra más, la de la Procuraduría General de la República (PGR). Éstas, por si fuera poco, no han sido dadas a conocer y existe la posibilidad de que contengan datos todavía más espeluznantes. “Sino es que cruzados”, finalizó.
Postdata
Algunas de las voces recogidas aquí, fueron tomadas del coloquio La acción ciudadana en medio de la catástrofe. México busca a sus desaparecidos. Según explicaron los organizadores, el objetivo fue rendir un homenaje a las mujeres –otras mujeres– el ocho de marzo. La fecha se atrasó. Pocos asistieron. Pero la “celebración” se convirtió en catarsis.
