(21 de marzo del 2014).- La tarde de ayer, el gobierno mexicano, negó abrogar la polémica figura del arraigo que, tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) y países como Bélgica, Alemania y Austria, criticaron y le recomendaron eliminar de la Constitución, por considerarlo un mecanismo que legaliza la tortura y la discrecionalidad, así como la “violación a los derechos humanos”.
De acuerdo a una investigación elaborada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), desde su implementación en el 2008, se han producido cerca de 8 mil 595 órdenes de arraigo, sin embargo, de esta cantidad sólo 275 han derivado en sentencias condenatorias; es decir, sólo un 3.2 por ciento.
“La no aceptación de las recomendaciones relativas a la eliminación del arraigo aplicado en el contexto del combate a las drogas y al crimen organizado es una muestra más que en la actual administración no ha existido un cambio significativo en la estrategia de seguridad”, afirmó la Comisión en comunicado difundido la tarde del miércoles.
A la defensa, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, afirmó que el año pasado, esta medida “precautoria” como le han llamado, se redujo en un 50 por ciento respecto en años anteriores, en donde la estrategia de seguridad impulsada por Felipe Calderón, llegó incluso a construir edificios especializados que hoy están prácticamente abandonados.
Además, sostuvo que existe el interés en el congreso, para reducir el tiempo de retención que va, de los 80 días vigentes a los 35 como máximo.
Precariedad de investigaciones
Si bien la diplomacia mexicana no rechazó tajantemente las observaciones, la contestación por parte de éstas al Examen Periódico Universal en materia de Derechos Humanos –al que deben someterse las autoridades cada cuatro años–, ya ha comenzado a generar reacciones ante la postura de la “toma de nota”: Al no posicionarse positivamente y aplazar una postura política, la administración de Peña Nieto ha admitido tajantemente que no hará ningún cambio en este aspecto.
Ernesto López Portillo, fundador y director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), sostiene que esta postura que ha tomado tanto la diplomacia como las instituciones encargadas de vigilar la salvaguarda de derechos humanos desde el gobierno federal, obedecen más a un criterio técnico que a un verdadero interés por mejorar los procesos acusatorios.
“Un problema crucial, es que nuestro sistema judicial es adicto a la detención en flagrancia. La gran mayoría de las sentencias en México, tienen que ver con que al acusado lo detengan con las manos en la masa. Ahora, al no poder hacerlo, lo que se muestran son constantes incapacidades para darle cauce a las investigaciones”, sostuvo en entrevista.
En su visita a México en 2008, cuando recientemente había sido aprobada la constitucionalidad de esta medida, el subcomité de prevención de la tortura de la ONU afirmó que en una gran cantidad de casos se había verificado la comisión de tortura y detenciones arbitrarias en la ejecución de la medida, cifras que han sido corroboradas por instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“El arraigo está hecho para dar espacio de investigación ante casos que se dicen complejos, que requieren tiempo de investigación, eso se dice formalmente; desde mi punto de vista, el arraigo lo que hace es sustituir las faltas de competencias profesionales de las instituciones para hace investigación penal”, finalizó.
