(13 de mayo, 2014).- El viernes 9 de mayo, el secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, hizo llegar a Enrique Peña Nieto una carta donde le expresa las preocupaciones de esta ONG por la situación de los derechos humanos en México. El día de hoy se dio a conocer el contenido de esta carta en la que se reconocen algunos avances en materia del marco legal, a la vez que se indica la falta de aplicación de las leyes y se insta al Ejecutivo a asumir un compromiso claro en la materia.
Una forma de mostrar ese compromiso sería un cambio radical en la respuesta que las autoridades dan a las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, pues la tónica que se observa es la falta de respuesta del gobierno cuando se acude a él. En vez de investigar las denuncias, se descalifican por considerarlas sin fundamento, o simplemente se ignoran, lo cual contribuye a la impunidad que ya se encuentra arraigada en México.
“Existe el persistente patrón de ignorar las quejas de las víctimas o rechazarlas por carecer de fundamento, en lugar de asegurar investigaciones exhaustivas e imparciales para prevenir y castigar los abusos. Si su gobierno se compromete en serio con los derechos humanos, deberá cambiar radicalmente su respuesta a las denuncias de presuntas víctimas de abusos y violaciones”. – Salil Shetty
Una señal preocupante del Gobierno Federal es “su persistente negativa a eliminar el arraigo en todos los niveles”. Para AI, se ha demostrado sistemáticamente que esta práctica “viola el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y a un juicio justo, y hace que el detenido sea vulnerable a la tortura y otros malos tratos”, por lo que se llama a Peña Nieto a reconocer ya a esta figura como vulneradora de los derechos humanos.
El mismo día en que la carta de Amnistía Internacional le fue entregada a Peña Nieto, Javier Enríquez Sam, coordinador general del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, afirmó que en México se produjo un aumento del 500 por ciento en la práctica de la tortura por la guerra contra el crimen organizado que declaró el ex presidente Felipe Calderón y que el actual gobierno ha continuado.
El coordinador del colectivo con sede en la Ciudad de México recordó que en su visita al país el mes pasado y a principios de éste, el relator especial sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, afirmó que estas prácticas se han generalizado en México. Enríquez Sam sostiene que esto se debe la policía y ahora los militares la utilizan “frecuentemente con fines de investigación, para forzar confesiones y demostrar resultados”.
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La organización defensora de los derechos humanos reconoce los avances logrados con acciones como la reforma del Código de Justicia Militar mediante la cual se acotó el fuero del sector castrense, estableciendo que las violaciones a los derechos humanos de civiles en que se vean involucrados los miembros de las Fuerzas Armadas sean procesadas por la justicia ordinaria.
También se considera positivo que en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el gobierno mexicano haya aceptado 168 de las 176 recomendaciones que se le formularon como parte del Examen Periódico Universal (EPU), en el cual se evalúa la situación global de los derechos humanos.
Un último saldo favorable en la protección de los derechos humanos por el Estado mexicano es el funcionamiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en junio de 2012 y que desde entonces ha brindado protección a 41 personas amenazadas por sus labores a favor de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Sin embargo, en los tres casos Shetty recuerda a Peña Nieto la brecha existente entre lo que está en el papel y lo que se vive todos los días en México. Por ejemplo, el Código de Justicia Militar sigue contemplando que las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro de las Fuerzas Armadas –es decir, cuando un militar sea el presunto culpable de violar los derechos de otro– sigan siendo procesadas por la justicia militar.
Otra situación que AI encuentra preocupante es que si bien México aceptó casi todas las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “lo que sucedió después fue un pronunciado deterioro de la situación de los derechos humanos porque el gobierno no asumió seriamente su responsabilidad y no implementó las medidas de forma efectiva”. Un problema fundamental es que al parecer para el gobierno de Peña Nieto la aprobación de medidas legislativas y administrativas equivale a cumplir las recomendaciones.
En cuanto a uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país, el de la sistemática violencia ejercida contra defensores de derechos humanos y periodistas, la carta de Shetty recuerda que para enero de 2014 la Secretaría de Gobernación únicamente había otorgado protección en 41 de los 152 casos en que se le solicitó; esto incluye 89 casos en que la solicitud fue aceptada pero se le dejó esperando respuesta.
En una carta publicada el domingo 23 de marzo por el semanario Proceso, un grupo de ex empleados de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación denunció a la subsecretaria Lía Limón por “abuso de autoridad, discriminación, misoginia, maltrato y humillaciones”, así como por el desmantelamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas (MPP) a su cargo. Las diputadas Margarita Tapia Fonllem (PRD) y Loretta Ortiz Ahlf (PT) buscaron la comparecencia de la funcionaria federal, pero el trámite fue bloqueado por la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la priista Miriam Cárdenas Cantú.
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Por estas razones, Salil shetty insta a Peña Nieto a mostrar su compromiso con la defensa de los derechos humanos presentando avances reales mediante nueve acciones concretas:
- Emitir una declaración presidencial en el sentido de que cualquier funcionario federal que no reporte o no investigue información relativa a presuntas desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas u otros malos tratos y otras violaciones de derechos humanos será enjuiciado con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.
- Garantizar la implementación total del Código de Justicia Militar reformado a fin de asegurar que todo el personal militar implicado en violaciones de derechos humanos contra civiles, cometidas en el pasado o actuales, es investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinaria.
- Revisar los procedimientos para responder a las quejas y denuncias de torturas y otros malos tratos e investigarlas de plena conformidad con el Protocolo de Estambul, lo que incluye la reforma de los procedimientos especiales aplicados por la Procuraduría General de la República, así como los protocolos médicos para el examen inicial de todos los detenidos, y garantizar que las presuntas víctimas tienen acceso inmediato a expertos médicos independientes.
- Adquirir un compromiso político y económico claro con la implementación de las recomendaciones preliminares del relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura y establecer un mecanismo de vigilancia independiente con la sociedad civil para evaluar su cumplimiento.
- Abolir el arraigo y crear una base de datos nacional accesible donde se registren todas las detenciones.
- Hacer pública la base de datos revisada de 26.000 personas no localizadas o desaparecidas, y establecer mecanismos nacionales de búsqueda rápida, el acceso rápido a las llamadas de teléfonos móviles y otros datos personales de las personas en paradero desconocido, crear unidades de investigación especializadas, protocolos para la exhumación de presuntos restos humanos y una base de datos nacional creíble de personas en paradero desconocido.
- Garantizar una investigación exhaustiva y proactiva de todas las personas cuya desaparición se haya denunciado, y asegurar que se exploran todas las pistas, incluso las que sugieran los familiares y las que pudieran implicar a funcionarios públicos, a fin de conocer la verdad y conseguir justicia y reparación. Garantizar unos protocolos vinculantes para facilitar a las familias información detallada y actualizada sobre las investigaciones. Reformar la legislación nacional sobre desapariciones forzadas con arreglo a las normas internacionales.
- Responder a las demandas de los representantes de la sociedad civil en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y concretamente garantizar que este organismo cuenta con suficiente personal adiestrado, que los planes de trabajo y recursos son suficientes para cubrir las necesidades de protección, y que la dirección del Mecanismo goza de la confianza de defensores y periodistas. Garantizar que otras agencias federales, así como los gobiernos estatales y municipales cumplen todas las medidas de protección, y que los funcionarios que no lo hagan responden de sus actos. Establecer unidades dedicadas de policías y fiscales que trabajen con arreglo a protocolos concretos acordados para investigar ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y periodistas.
- Demostrar que se producen avances sustanciales en la prevención y el castigo de todos los abusos cometidos contra migrantes en situación irregular en tránsito, con independencia de si los autores son funcionarios públicos o bandas delictivas.
