Joanna Rubio / Universidad de Guadalajara
(30 de mayo, 2014).- Son 10 los mexicanos que han sido ejecutados en Estados Unidos desde que la pena capital fue implementada en 1926. Desde 1976 a la fecha en Estados Unidos se han llevado a cabo mil ejecuciones.
Según la información recopilada por Amnistía Internacional, en 2013 se ejecutaron a 778 presos en 22 países y estas cifras son mayores en comparación con el año 2012, donde al menos 1.722 personas fueron condenadas a muerte en 58 países. A finales de 2013 había al menos 23.392 personas condenadas a muerte. Estas cifras corresponden sólo a los casos que conoce dicha organización, las cifras podrían ser aún mayores ya que uno de cada 10 países llevó a cabo la pena capital en el año 2013.
Las cifras anteriormente mencionadas no incluyen las realizadas por China, el más grande ejecutor del mundo, ya que sus miles de ejecuciones son un secreto de Estado. Los cuatro países fanáticos de la pena capital en orden de matanzas son China, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos. Los datos proporcionados por Amnistía Internacional son preocupantes. Aunque reflejan un descenso a nivel mundial de la cantidad de países que apoyan la pena capital, contrastan con el aumento en las ejecuciones registradas. Aunque no se acercan a describir el panorama completo sí nos proporcionan chispazos de luz ante el hermetismo en el que se mueven los países ejecutores, como es el caso de Japón, Indonesia, Sudán del Sur, India o Malasia, que intentan ocultar la vergüenza de ser países que aún matan a sus ciudadanos dentro un marco punitivo primitivo llevando a cabo sus ejecuciones tras una cortina de total silencio.
Amnistía Internacional utiliza una clasificación de cuatro niveles para diferenciar a los países que aplican esta forma para castigar algún tipo de crimen. En primer lugar se encuentran los 90 países que la han abolido completamente, otras once naciones la aplican en circunstancias excepcionales como los crimines cometidos en tiempos de guerra y los crimines de lesa humanidad. Estos crímenes son considerados como aquellos que ofenden la condición misma del ser humano, tales como el genocidio, el apartheid, la práctica sistemática del asesinato etc. Treinta y cinco países mantienen este tipo de leyes para su aplicación en crímenes ordinarios y por último están los 70 países que aplican la pena de muerte en su legislación.
La forma en que diferentes Estados han catalogado los crímenes que merecen ser castigados con la eliminación de la vida es ambigua y por lo tanto no puede afirmarse que la pena capital trata de combatir el crimen, sino que se castiga la conducta humana considera desviada. Cabe mencionar que la mayoría de les ejecuciones alrededor del mundo están vinculadas con crímenes relacionados al narcotráfico. Sin embargo, de la misma forma que se castiga al traficante de drogas se castiga la blasfemia. La pena de muerte no es disuasoria en sí mismo, ya que no contribuye a eliminar la cadena que genera tal comportamiento (sin imponer un juicio moral) sino que la pena de muerte es un mensaje político dirigido al grupo al que pertenece el ejecutado.
Las visiones interpretativas que conceptualizan la gravedad de un crimen son diversas y no precisamente cuantitativamente pródigas, ya que la pena de muerte es una modificación del viejo espectáculo punitivo. En la actualidad la ejecución pública es percibida como un ejercicio que pone en evidencia la violencia del Estado.
La pena de muerte es un proceso de descalificación del individuo más que una descalificación del crimen que éste cometió, ya que el verdadero mensaje es el del suplicio de la víctima. El suplicio es la pena corporal y este ruego a la vida se vuelve cuantificable al momento en que se le somete a las reglas. Así la justicia no se ve comprometida al revelar la verdad de la realización del poder.
Los elementos constitutivos del crimen no son evaluados al momento de la impartición del castigo ya que dichos elemento no son útiles al sistema de producción liberal. No se castiga lo que han hecho sino lo que esas personas son. Así se consolida la nueva política del cuerpo que sustituye los fundamentos de la teoría penal, o sea de una semiotecnia punitiva.
Defender la pena capital es defender el antiguo ejercicio del poder del soberano que con su sola potestad hacía morir o concedía el derecho de la vida. Sin embargo el soberano nunca “hace vivir” aunque ahí se concentre el poder del discurso, en el imaginario que a través de las instituciones de justicia logra parecer que efectivamente “hace vivir”.
Al administrar la muerte el Estado parece alcanzar una de sus líneas de fuga, ya que la muerte implica el límite de los alcances del poder. El mensaje de control queda claro para los miembros de la sociedad.
La biopolitica necesita gravitar alrededor de los principios de seguridad. La sensación de vivir en constante peligro culmina con la paulatina implementación de mecanismos de regulación social y es el miedo a los factores de riesgo y a sus posibles efectos negativos lo que mueve a que la sociedad actúe tétricamente a través de una homeostasis que intenta mantener equilibradas las composiciones sociales a las cuales se encuentra encadenada. Administrar, gestionar y regular la vida es el epicentro de la biopolítica de la pena de muerte, porque un Estado al que se le pide paz, pan y dignidad no tiene por qué responder con lápidas.
