(20 de junio, 2014).- Más de la mitad de las constituciones de los estados en México definen al óvulo fertilizado como una persona con derecho a protección legal y sólo la violación está considerada a nivel nacional como causal de aborto.
29 estados permiten el aborto imprudencial, 28 cuando hay riesgo de la vida de la madre, siete cuando hay inseminación no deseada, Yucatán, además, lo permite por razones socioeconómicas y únicamente en la Ciudad de México existe la libertad plena de práctica sin punición.
Las entidades más rigurosas en la penalización son Guanajuato, Guerrero y Querétaro, hecho que implica que tanto los médicos o personas que realicen la intervención, así como la mujer que se someta a ella, son criminalizados y sancionados por la ley.
En los estados donde sólo la causal de violación hace posible el aborto legal, los ministerios públicos son quienes deben autorizar la intervención haciendo aún peor el ya de por sí tortuoso trayecto de denunciar y comprobar la agresión hacia la mujer. Nuevamente Guanajuato ha sido drástico en este sentido, pues ha negado peticiones de interrupción del embarazo a víctimas de violación y se ha condenado a quienes lo han realizado.
A pesar de la terrible situación de riesgo que implica para las mujeres la práctica clandestina y la persecución de la misma, aun cuando la pobreza y el bajo nivel educativo complejizan la prevención de embarazos no deseados, así como la manutención de los hijos cuando no se tiene la alternativa de la interrupción, los congresos en los que se han introducido iniciativas para despenalizar el aborto han venido siendo frenadas tanto por los legisladores como por los grupos derechistas y la Iglesia Católica.
Aunque el Estado Laico establece la separación del Estado y la Iglesia haciéndolos excluyentes a nivel Constitucional, no sucede así en la realidad. Diversos casos en las entidades donde se ha buscado la despenalización, han estado sometidos a la presión del clero a través de manifestaciones en contra.
El año pasado en Puebla y Michoacán diversos grupos católicos marcharon para exigir a los legisladores la no despenalización del aborto, argumentando que en el Distrito Federal ha sido contraproducente. Declararon aumento en las cifras, sin embargo, estos datos estaban contemplados desde la legalización en el 2007 ya que los casos de las prácticas clandestinas se sumarían a los datos oficiales.
Pero el caso más reciente el más reciente de la intervención de la iglesia católica en el freno a la despenalización, está actualmente en Guerrero donde el Obispo de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala se ha mostrado abiertamente en contra y ha participado en manifestaciones para exigir al gobernador del estado “el respeto a la vida”.
En la misma línea, la diputada local de bancada priista, Julieta Fernández, favoreció con la realización de una misa católica en las instalaciones del H. Congreso de Guerrero en el marco de la discusión para la despenalización. Hecho de suma gravedad porque violenta el Estado Laico.
La presión de la Iglesia a decisiones que sólo competen a los legisladores, así como el cinismo de los funcionarios del gobierno para exhibir su fe en actos públicos tuvo su aliciente gracias a las modificaciones constitucionales realizadas en 1991 por Carlos Salinas de Gortari.
La Iglesia Católica tuvo de nuevo la puerta abierta para intentar inferir materia legislativa y políticas públicas cuando se realizaron reformas al artículo 130 de la Constitución. En ellas se le concedió el carácter de persona jurídica. De este modo, sus voceros recuperaron libertad de acción y de discurso a nivel público. Desde entonces los representantes eclesiásticos pudieron ir más allá de los púlpitos de las iglesias para intentar generalizar sus creencias a través de los medios masivos de comunicación. Para nadie es un secreto que la Iglesia Católica tenga como prioridad la evangelización constante y el cumplimiento de los mandatos Cristianos.
El hecho de promover las creencias de cualquier religión forma parte de la libertad de culto y carecería de importancia de no ser por el anhelo en la Iglesia Católica de recuperar el poder que alguna vez tuvo en cuanto a legislación se refiere.
Se hace relevante porque trata de la imposición de un grupo de católicos que intentan imponer sus creencias a una minoría.
Bajo el argumento del “derecho a la vida”, sectores católicos descartan la problemática de salud, económica y social que llevan a una mujer a optar por la libre decisión sobre su cuerpo y su maternidad a través del aborto. Pero además intenta imponer su creencia sobre quienes no comparten los mismos preceptos de fe.
La despenalización del aborto no fuerza a quien no lo decida de ese modo, por la razón que sea, a interrumpir la gestación, sin embargo, la punición de quienes no profesan la religión católica sobre quienes no, así como hacia la decisión del aborto sí está impuesta.
Legalmente, la despenalización no obligaría a ninguna persona a someterse a un aborto, no así a la inversa. Si una mujer no comparte la creencia y por lo tanto el argumento católico, sí es condenada social y legalmente.
Cabe destacar que no todas las organizaciones católicas están en contra de la despenalización. Organizaciones como Católicas Por el Derecho a Decidir ponderan los derechos humanos y ciudadanos más allá de una postura conservadora. De ahí su comunicado del día de hoy hacia la Junta de Coordinación Política, LXII Legislatura del Senado de la República para que garantice el cumplimiento del artículo 1 constitucional evitando con ello una agenda moral.
“Nos parece sumamente grave que el Senado de la República, a través de la Junta de Coordinación Política, avale una comisión que busca “ir en contra del aborto y de los matrimonios gais” para imponer una agenda moral conservadora en detrimento de derechos ya ganados.” Católicas Por el Derecho a Decidir y diversas organizaciones en defensa de Derechos Humanos.
Video: Univision
