(29 de junio, 2014).- Hace cuatro años la ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, su brazo armado, provocó que Tamaulipas se convirtiera en una zona de guerra. Ante el temor de que la criminalidad se esparciera hacia Nuevo León, las autoridades estatales decretaron un blindaje que hoy, es claro, fracasó.
Los habitantes de comunidades colindantes con Tamaulipas, como Los Aldamas, Doctor Coss, General Bravo, Parás, Agualeguas y General Treviño viven aterrorizados por las historias que diariamente conocen.
En la carretera Miguel Alemán-Los Aldamas, por ejemplo, pueden recorrerse varios kilómetros sin encontrarse con alguien más, el temor por los horrores ahí vividos ha ahuyentado a los pobladores de este camino.
“En esta curva le cortaron el cuello a un muchacho. Su cabeza la tiraron por ahí. El muchacho era bueno, pero se metió de radiero (vigilante del narco) y no hizo su trabajo. Es lo que pasa cuando no haces bien tu chamba. Ellos mismos te chingan”, recuerda uno de los lugareños.
En otra carretera, la que comunica Camargo-Peña Blanco, el recuerdo de Carlos Alberto Oliva Castillo, alias “La Rana” sigue presente. Él era uno de los cabecillas de los Zetas en Nuevo León y ordenó el ataque al casino Royale.
En Doctor Coss era un secreto conocido que “La Rana” tenía una empresa de transporte que se encargaba de brindar tráileres a Pemex. Cuando el conflicto entre el Cártel del Golfo y Los Zetas se acrecentó, 20 tráileres ardieron en llamas en una sola noche.
Hasta el año pasado, en el kilómetro 35 de esa carretera operaba una garita administrada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Ejército Mexicano. Hoy, sólo quedan las ruinas. En la fachada se ven las huellas de los impactos de bala; en el interior, pintas con mensajes de los cárteles.
Lo mismo ocurre en la garita de Arcabuz, localizada en el kilómetro 50 de la carretera estatal Miguel Alemán-Los Aldamas, donde el único registro que permanece es el letrero que anuncia que ahí termina Nuevo León e inicia Tamaulipas.
En los lugares que aún permanecen con vida, la participación de las fuerzas de seguridad pareciera inexistente. El 26 de abril de 2010 los habitantes de la comunidad El Brasil vieron a más de 100 elementos del 46 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano irrumpieron en el Rancho El Puerto, que había sido tomado por una célula del Cártel de los Zetas.
Horas después, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó un balance, declaró la muerte de cinco personas. En contraste, los habitantes de la localidad aseguran que la balacera duró más de cuatro horas, hubo estallidos de granadas y el saldo fue de 50 muertos.
“Fue una masacre. Las cajas de las camionetas iban llenas de cuerpos”, recuerda uno de los testigos.
La presentación de los culpables también fue una mentira. Jorge Antonio Parral Rabadán, administrador de la caseta de cobro de Capufe en el municipio de Camargo, Tamaulipas, fue presentado por la Sedena como un sicario.
Lo mismo ocurrió con el dueño del rancho, quien a pesar de ser víctima de la violencia, fue consignado por la Procuraduría General de la República por no denunciar que había sido despojado de su propiedad por narcotraficantes.
“Usted fue cómplice porque no denunció”, dijeron los elementos del Ministerio Público Federal.
Ante el miedo, la división entre víctima y cómplice se ha desvanecido, de la misma forma que ocurrió con los límites entre estados que ahora son inexistentes cuando de violencia se trata.
