Este jueves, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras confirmó el asesinato de la lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquía Urquía de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La Paz.
La compañera Lesbia Yaneth, explicó la organización fue una “activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.
Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del consesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz”.
Asimismo, acusó que su asesinato “se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5.
Este asesinato, explicó “se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH”.
Constituyendo un feminicidio político el COPINH, responsabilizó directamente “al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”, así como de Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.
Asimismo, exigió el cese de los asesinatos contra sus miembros y miembras y se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato del Lesbia Yaneth y de Berta Cáceres y que estos crímenes no queden en la impunidad.
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