- Investigaciones de Buen Gobierno derivaron en inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y multas por más de 22.4 millones de pesos contra 41 personas servidoras públicas de instituciones como CFE, Pemex, IMSS, SAT, Guardia Nacional, Semarnat y Birmex.
Inhabilitaciones de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y sanciones económicas superiores a 22.4 millones de pesos fueron impuestas contra 41 personas servidoras públicas tras investigaciones impulsadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en distintas instituciones federales.
Las irregularidades detectadas abarcan desde daños patrimoniales millonarios, pagos por servicios no comprobados y enriquecimiento injustificado, hasta nepotismo, utilización indebida de recursos públicos, acoso sexual y otras conductas contrarias al servicio público. Entre las instituciones involucradas aparecen CFE, Pemex, IMSS, SAT, Guardia Nacional, Semarnat, Birmex, AICM, Conagua, Profeco y Aduanas, entre otras.
Hasta 10 años fuera del servicio público y multas millonarias
La dependencia explicó que, conforme a la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) imponer sanciones por faltas graves, mientras que Buen Gobierno sanciona las consideradas no graves.
Entre los casos de mayor impacto económico aparecen dos personas de la Dirección de Tecnologías de la Información de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), quienes recibieron inhabilitaciones por 10 años y sanciones económicas de 12.2 y 8.7 millones de pesos, respectivamente.
Las investigaciones determinaron que autorizaron el pago de cinco facturas entre 2018 y 2019 sin comprobar la totalidad de los servicios contratados para un Sistema de Gestión Gubernamental, provocando un perjuicio por 20 millones de pesos.
Otro caso relevante corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Un servidor público de la Gerencia de Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales en Irapuato recibió 10 años de inhabilitación después de que se acreditara que omitió cuentas bancarias y el origen de recursos que representaron un incremento inexplicable e injustificado de 5.4 millones de pesos en su patrimonio personal y familiar.
También en CFE se sancionó con 10 años de inhabilitación y una multa de 450 mil pesos a un trabajador que, durante 2020, ingirió bebidas alcohólicas y condujo a exceso de velocidad un vehículo oficial, provocando su volcadura y la pérdida total de la unidad y del equipo hidráulico instalado en ella.
Otra trabajadora recibió 10 años de inhabilitación y una sanción económica de 273 mil pesos por haber recibido 13 pagos de nómina en demasía por concepto de prima vacacional entre 2020 y 2022, sin reportarlos ni devolverlos.
Semarnat, Cultura, Banjen y AICM también registran sanciones
En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una persona fue destituida, inhabilitada durante 10 años y sancionada con 700 mil pesos por haber autorizado en 2018 un pago relacionado con transporte terrestre, hospedaje y alimentación sin contar con atribuciones para hacerlo.
En la Secretaría de Cultura, otro servidor público recibió 10 años de inhabilitación y una multa de 114 mil pesos por presentar, entre febrero y octubre de 2022, listas de asistencia falsas para cobrar un salario que no había devengado.
Un caso particularmente grave fue detectado en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito). Un funcionario fue inhabilitado durante 10 años y sancionado económicamente con 124 mil pesos después de aprovechar su puesto para vender 37 mil cajas de archivo que contenían documentación institucional, operación de la que obtuvo, junto con su esposa, un beneficio económico.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tres personas fueron inhabilitadas durante tres meses por elaborar, revisar y autorizar en 2022 una justificación para cancelar una licitación del servicio de limpieza de las terminales 1 y 2, pese a no contar con esas funciones, con lo que pusieron en riesgo la continuidad del servicio.
Pemex: incendio, combustible enviado al lugar equivocado y otras irregularidades
Las sanciones por faltas no graves alcanzaron también a Petróleos Mexicanos (Pemex). Un trabajador de la Refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas, recibió un año de inhabilitación por no realizar adecuadamente el procedimiento de vaciado y despresurización de una bomba mientras se efectuaban trabajos de corte y soldadura, lo que ocasionó un incendio y daños en las instalaciones.
En otro caso, un trabajador de la terminal de almacenamiento y reparto de Pachuca fue suspendido durante 30 días después de descargar 15 mil litros de combustible en una estación equivocada, ubicada sobre la carretera México-Tuxpan. El establecimiento al que debía llevar el producto estaba 26 kilómetros más adelante, sobre la carretera Pachuca-Tulancingo.
Pemex registró además suspensiones de 15 días por errores en el registro del volumen de aceite transferido entre instalaciones y por el ingreso de una navaja a la Refinería de Cadereyta, contraviniendo las normas internas de seguridad.
Nepotismo, acoso y abuso de funciones también fueron castigados
Las resoluciones alcanzaron conductas que van más allá del manejo de recursos públicos. En el IMSS, una trabajadora del área de Recursos Humanos en Michoacán fue inhabilitada durante tres meses por utilizar su puesto para firmar un documento relacionado con la contratación de su propia hija.
En IMSS-Bienestar, un trabajador del Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas fue destituido e inhabilitado durante tres meses debido a que acosó sexualmente a una guardia de seguridad e incurrió reiteradamente en faltas de respeto contra otra persona encargada de seguridad.
En la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, un trabajador de una secundaria fue inhabilitado durante tres meses por realizar frente a sus estudiantes comentarios y expresiones denigrantes con contenido sexual y de doble sentido durante 2022 y 2023.
La Conagua suspendió durante 15 días a un trabajador por realizar durante cinco meses comentarios inapropiados e invitaciones reiteradas hacia una compañera pese a su negativa. Otro funcionario recibió la misma suspensión por insultar a una trabajadora por sus creencias religiosas y empujar a otro compañero.
Guardia Nacional, SAT, Profeco y Aduanas: las sanciones se extienden
En la Guardia Nacional, una persona fue destituida después de presentar como requisito para obtener una licencia de portación de armas una copia de un certificado de bachillerato que resultó no ser válido.
Otros tres integrantes recibieron suspensiones de entre 20 y 30 días porque durante su jornada laboral abandonaron las instalaciones, utilizaron una radiopatrulla y circularon a exceso de velocidad hasta impactarse contra un muro de contención, tras lo cual dejaron abandonados el vehículo y las armas que tenían bajo resguardo.
En la Profeco, un servidor público recibió 30 días de suspensión por elaborar y portar durante el Buen Fin de 2024 una credencial no oficial con la que pretendía obtener facilidades de autoridades civiles, policiales y militares.
También hubo sanciones en el SAT, mientras que en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) un trabajador fue suspendido tres días por presentarse en horario laboral con aliento alcohólico.
41 sancionados y más de 22.4 mdp: Buen Gobierno advierte que defenderá las resoluciones
El balance reúne finalmente 41 personas servidoras públicas sancionadas, con medidas que incluyen amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones que alcanzan los 10 años, además de multas económicas por más de 22.4 millones de pesos.
Las personas sancionadas conservan el derecho de impugnar las resoluciones. Ante esa posibilidad, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que defenderá las determinaciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, apegadas a derecho y respaldadas en evidencia.
La dependencia reiteró que las acciones forman parte de su estrategia para erradicar la corrupción de la vida pública, fortalecer la ética y la integridad gubernamental y proteger los derechos de las personas afectadas, conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
