(14 de enero, 2015).- La política de liquidación del enemigo. En Michoacán, como en Tlatlaya, las autoridades incurrieron en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El pasado 6 de enero, se tomó la decisión de desalojar al grupo que autodefensas que mantenía tomada la presidencia municipal de Apatzingán, pero este “enfrentamiento” cerró con un saldo de 9 muertos y 44 detenidos.
Por esta razón es necesario investigar a las autoridades, pues en México no existe la pena de muerte y, en su defecto, siempre debe llevarse el debido proceso; no obstante, en nuestro país se dispara por igual a civiles armados, que a sujetos inermes. Sin embargo, Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado, insiste en que los sucesos de Apatzingán están justificados.
Las masacres son inocultables: CNDH debe actuar
Los 9 muertos de Apatzingán y la detención de Hipólito Mora, confirman una política de liquidación de todos aquellos que no concuerdan con las políticas de Estado establecidas. A pesar de que esto se ha convertido en una práctica “cotidiana” en México, ya no son ocultables.
Por esta razón, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se vio obligado a abrir un expediente para investigar las posibles violaciones a las garantías en Apatzingán; además, se comprometió a atender a los 44 detenidos, a quienes se les imputan delitos como portación de armas de uso exclusivo del ejército.
Es necesario agregar que lo inocultable se debe a que esta “ejecución”/”enfrentamiento”, según se quiera denominar, ha sido ampliamente difundida por las redes sociales. En los videos que se han publicado, se ven disparos del Ejército a civiles, pero no “fuego amigo” como sentencia Castillo. En consecuencia, se hace necesario tipificar/juzgar de manera inmediata ejecución extrajudicial como en crimen de lesa humanidad, porque en México se han multiplicado.
