Las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, con respecto a la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, no dejan lugar a dudas sobre quién manda realmente en este desafortunado país. Afirmó: “La verdad es que estamos contentos. ¿Para qué decirlo de otra manera? Fue una labor muy ardua donde por conducto de Hacienda trabajamos varios de los puntos que van en el sentido correcto de poder generar mayores niveles de crecimiento e inversión o potencializar el empleo y el ahorro”.
Qué lejos quedaron los tiempos en los que la rectoría económica del Estado mexicano la tenía el gobierno federal, había movilidad social y pleno empleo gracias a las empresas propiedad de la nación, principalmente Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México y cientos más que cubrían un amplio espectro del aparato productivo. Ahora lo que hay es un gobierno al servicio de unos cuantos multimillonarios, quienes se dan el lujo de imponerle a la Secretaría de Hacienda el rumbo que debe seguir.
Esto no evita que Enrique Peña Nieto afirme: “Lo que he presentado es una propuesta responsable. Un proyecto de presupuesto realista y responsable, porque frente a lo que pase en el mundo, nos obliga a actuar con enorme responsabilidad”. Independientemente de la sintaxis, bajo su punto de vista está en lo cierto: actuó con absoluto apego a los lineamientos de la cúpula empresarial; así lo reconoció Gutiérrez Candiani, no es una aseveración de los críticos del modelo económico. En estricto sentido, lo que hizo el inquilino de Los Pinos es una clara muestra de grave irresponsabilidad, porque las consecuencias del fundamentalismo neoliberal del régimen las habremos de pagar la mayoría de ciudadanos.
Se acentuarán los niveles de pobreza con los recortes a rubros que inciden en el desarrollo social, como salud y educación, mientras que la élite empresarial seguirá acumulando más riqueza y privilegios, lo que a su vez favorecerá una desigualdad aún más dramática que la que estamos viviendo. Pero esto no les importa, ni a la alta burocracia encabezada por los herederos del grupo Atlacomulco, ni mucho menos a los oligarcas como Gutiérrez Candiani y los pocos archimillonarios predilectos del gobierno, con quienes hacen negocios que les dejan extraordinarias ganancias. De ahí que pueda decirse que tamaña irresponsabilidad gubernamental habrá de desatar nuevos demonios los años venideros.
El principal de ellos será un más firme autoritarismo, más mano dura del régimen que sólo acarreará más violencia y acentuará la ola migratoria hacia la frontera Norte, donde se acumularán las tensiones sociales extremas que dejarán cortas las que hasta ahora hemos conocido. No se trata de una posición alarmista o una actitud pesimista gratuita, sino de un análisis realista con base en las experiencias de otras naciones que han pasado por el total entreguismo de las instituciones del Estado a una minoría voraz incapaz de solidarizarse mínimamente con la sociedad mayoritaria.
Los cambios en la Secretaría de Gobernación obedecen al imperativo gubernamental de comprometer a diversos grupos de la clase política en el proceso de plena derechización del régimen, a tono con la orientación seguida en la composición del gasto público en favor de los principales sectores empresariales ultra conservadores. No es otra la intención del nombramiento del célebre autor de la “roqueseñal”, Humberto Roque Villanueva, como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. La designación de Arturo Escobar, integrante de la dirigencia del Partido Verde y ex senador, como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, tiene la misma finalidad.
La corrupción seguirá siendo el motor de la acumulación de capital en las altas esferas del poder, aunque ello conlleve a más peligrosas contradicciones en el corto plazo, a un mayor encono social que irá en aumento en la medida que se refuerce la capacidad represiva del régimen. Es una cruel paradoja que mientras permanecen en prisión luchadores sociales cuyo único delito ha sido actuar en defensa de sus comunidades, como Nestora Salgado, quien lleva más de un año en un reclusorio, y recientemente el líder nahua de Santa María Ostula, Michoacán, Cemeí Verdía Zepeda, se premie a los nuevos funcionarios de Gobernación, sólo por su obediencia ciega al Ejecutivo y su ausencia total de principios. He aquí un ejemplo de la “responsabilidad” que tanto presume Peña Nieto.
