(10 de noviembre, 2014).- El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, señaló en conferencia de prensa que el pasado viernes respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es una decisión que se tomó en función de lo que recomendaron los peritos, tanto de Argentina como de México.
En entrevista con Denise Maerker señaló que la hipótesis que más probabilidad tienen para este tipo de investigaciones es la Universidad de Pittsburgh mediante el análisis del ADN mitocondrial, con lo cual se “nos podría dar una respuesta de género por parte de la vía materna”.
En cuanto a los tres aprehendidos, dijo que ya se tiene uno más que por lo menos confirma la primera parte de la investigación, por lo cual, apuntó, conforme vayan deteniendo más se robustecerá más la tesis.
El titular de la Procuraduría mencionó que la prueba científica para establecer si las cenizas halladas en bolsas pertenecen a restos de normalistas, expresó que no es el único camino pero sí el más viable, , “pero si los demás detenidos corroboran ya quedará muy claro”.
“Se confirma la versión de estos testigos de que los tomaron en un lado y los tiraron en otro. Tengo otros testigos a los que les impidieron la entrada e identifican a quienes se lo impidieron, y coinciden con estos sujetos”, comentó.
Y agregó que “con lo que hemos venido encontrando científicamente, es decir, la tesis es robusta pero tenemos la prioridad de identificar a plenitud y si no se puede científicamente, por lo menos con dichos más abundantes al respecto”.
Maerker cuestionó cuál era la ganancia de los detenidos al confesar que ellos ejecutaron a los normalistas, el política hidalguense dijo que esa labor la emitirá un grupo de psicólogos de la PGR que se encargan de hacer los interrogatorios, los cuales duran horas debido a la insistencia.
“Y además aceptan los hechos como presumiendo, eso es brutal por parte de estos jóvenes cuyas edades oscilan en menos de los 30 años y que fueron reclutados algunos a la fuerza y otros a propio mutuo (sic) y los salarios que les pagan son de 30 mil pesos, pero como delincuentes tienen sus propias fuentes de ingreso y eso es lo que más los motiva”, añadió.
Murillo Karam indicó que existe una colusión muy clara entre el grupo criminal Guerreros Unidos y las autoridades municipales: “Yo lo que creo por el relato y la forma en que me lo plantean, por el interrogatorio que les hacen cuando los tienen en la barranca, que estaban determinando quienes eran les preguntaban a qué vinieron quiénes son, y que son otro de los indicios claros, por ejemplo, uno de ellos dice que todos eran pelones menos uno, porque a todos los de primer año en la Normal, los rapan y ese es otro indicio muy fuerte”.
En cuanto empiezan a identifica, dijo, le echan la culpa al sujeto de cabello largo”quien dice que él forma parte de las dos, es el único, los demás, es claro que no sabían a qué iban incluso primero les dicen que iban a Iguala, los llevan a Chilpancingo y luego los llevan a Iguala, es claro que los estudiantes iban a lo suyo, a su asunto.
“Derivado de que si se sentían ofendidos por otras razones que habían tenido antes en pleito con el presidente municipal y eso es aprovechado muy bien por el grupo delincuencial y cuando se dan cuanta, ese es mi personal criterio, cuando se dan cuanta que lo que tienen allí son estudiantes, hace que tengan todo el cuidado del mundo en desaparecer todas las evidencias y las pistas, a lado tal que el que los encabezaba en la barranca, al que le dicen El Cepillo’, les ordena al final que toda la ropa que usaron, la quemen y se cambien por lo que sí había una intención clara porque en ese momento se dieron cuenta del tamaño del problema que tenían que no lo tienen cuando matan delincuentes, pero aquí estaban matando estudiantes si es que ese es un hecho”, abundó.
Por las demandas generalizadas hacia las instituciones en general advirtió que “el problema estaba en Chilpancingo, el Gobierno cederla entró y regularizó en la medida de sus posibilidades la situación de estos dos municipios, pero la responsabilidad de estos municipios es de los presidentes municipales y la capacidad de la vigilancia depende directamente del Estado, así es nuestro sistema federal”.
