Foto: El Economista
(27 de enero, 2013).- Históricamente, el acceso al agua ha sido objeto de profundas diferencias e inequidades. En el Distrito Federal, este problema se ha acentuado en los últimos años. Los diputados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Gabriel Godínez, presidente de la Comisión Integral del Agua, y Aleida Alavez Ruiz, recientemente señalaron como necesaria la descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), con el fin de asegurar las necesidades de los capitalinos ante la falta de recursos para combatir el rezago en la infraestructura hídrica.
Esta propuesta contempla la autonomía presupuestal y administrativa, con lo cual el Sacmex dejaría de depender de instancias del Gobierno del Distrito Federal para tener la facultad de manejar sus propios recursos. Esta medida también contemplaría atención a las delegaciones más afectadas por la falta del suministro del agua potable, como el caso de Iztapalapa.
En México, el derecho humano al agua se contempla en la Constitución desde febrero de 2012; la disposición, el acceso y el saneamiento del líquido vital “para el consumo personal y doméstico de forma salubre, suficiente y asequible” son condiciones que deben ser aseguradas para todos los mexicanos. Sin embargo, en nuestro país la gestión para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a este recurso natural encuentra obstáculos en el marco jurídico-institucional, en especial en los temas de financiamiento, colaboración y negociación entre el sector público y privado en cada una de los estados de la República.
Como derecho humano contemplado en la Constitución, el agua no es un bien comercial, pero, como antes se mencionó, la falta de un marco jurídico que regule las relaciones entre los sectores público y privado ha propiciado que el servicio y distribución del agua recaiga en empresas privadas mediante contratos de servicio, concesiones o participación de empresas.
Así, se vive un proceso de privatización de los órganos encargados de la operación, distribución y saneamiento del agua. En localidades como Puebla, Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres, Navojoa, Saltillo, Ramos Arizpe y el Distrito Federal se han registrado abusos en el cobro de este servicio público, así como el alza a la tarifa del recibo, cobros arbitrarios de adeudos que incluyen la intimidación hacia los consumidores para pagar inmediatamente o atenerse a cortes en el servicio, o exigencia de pagos para la reinstalación del servicio, lo que representa violaciones a los derechos humanos y afecta especialmente a comunidades de escasos recursos.
Para los gobiernos locales, la participación privada en la prestación del servicio –como suelen denominar a este proceso de privatización de la distribución del agua–, ha sido la respuesta a la falta de recursos económicos para responder a la creciente demanda de la ciudadanía, así como para el mantenimiento de la infraestructura hídrica.
Si bien la propuesta de los diputados del PRD podría ayudar a la eficacia del suministro del agua, también podría interpretarse como un intento de apertura a la inversión privada.
