Luego de haber endeudado al estado de Veracruz y haber desviado de forma grosera más de 60 mil millones de pesos de la administración pública estatal durante los seis años en los que estuvo al frente de esa entidad, Javier Duarte sólo permanecerá en prisión nueve años y además el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México decidió devolverle 40 bienes del exmandatario estatal.
La manera cínica en la que Duarte desvió recursos de los ciudadanos veracruzanos para intereses personales ha sido castigada de forma irrisoria por las autoridades judiciales que sólo lo sentenciaron a unos cuantos años de prisión con varias de sus propiedades a su disposición y que podrá recuperar cuando salga de prisión.
Convertido en uno de los estandartes del nuevo PRI como lo presumió Enrique Peña Nieto en 2012, Javier Duarte superó con creces a sus antecesores—tarea complicada considerando que lo precedieron Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera—, por lo que desvió de forma sistemática los recursos de la administración pública que serían utilizados para becas para estudiantes, pagos de maestros, pensiones y jubilaciones a extrabajadores, que se retrasaron.
Pese a que todas las pruebas demostraban que Duarte había desviado millones de pesos del erario para enriquecimiento personal, la administración de Peña Nieto lo solapó durante años, debido a que fue el ex mandatario veracruzano quien destinó recursos para la campaña presidencial del mexiquense en 2012, y sólo hasta que la presión pública fue demasiada que tuvo que intervenir, aunque le dieron el tiempo necesario para escapar del país.
Pese a todas las pruebas confirmatorias de los delitos cometidos contra la administración pública estatal y que fueron interpuestas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte sólo fue condenado a una pena mínima de prisión, por lo que ha cumplido más de tres años en prisión y cuando salga tendrá acceso a todos los bienes que adquirió tras desfalcar al Estado.
Tanto Duarte como su esposa, Karime Macías, quien se resiste a su extradición a México, deben sufrir una condena mayor y si las instituciones judiciales se jactan de impulsar la justicia deben confiscar todos los bienes de la pareja para que sean retribuidos a los veracruzanos, pues no fue producto del trabajo de estos personajes, sino de la rapiña institucional que cometieron.
Al caso de Duarte, deben sumarse los de los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Sonora, Guillermo Padrés, aunque la lista de desvíos millonarios cometidos por los gobernadores actuando como caciques regionales es aún más amplia y todos deben ser investigados.
