Iván Pedroza / @ivanpedrozar
(3 de marzo, 2014).- En un rincón de la explanada principal del Senado, improvisado como mesa de debates, la atención se centra en tres altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otros tantos de la Secretaría de Marina. Por su recia postura, encarando a una cambiante docena de senadores dispuestos en herradura, alguien ajeno a la política nacional podría pensar que se trata de una comparecencia: un acto republicano en que el poder representativo llama a cuentas a quienes la ley reconoce, en sentido literal y jurídico, como Fuerzas Armadas.
No es así. Al desvanecerse la ensoñación de un acto de control democrático del sector militar, sin embargo, no estamos ante un hecho menor: es la primera vez que Ejército y Marina acuden a debatir, lejos de las efemérides o los protocolos que usualmente los conducen a los recintos legislativos. La escena corresponde a la tercera audiencia pública convocada el pasado jueves 27 de febrero por cinco comisiones senatoriales, para allegarse de elementos y opiniones en el proceso de elaboración del dictamen que reformaría integralmente el Código de Justicia Militar y otros ordenamientos.
Este ejercicio de deliberación ocurre exactamente cuatro años después del simposio realizado en la Cámara de Diputados en conjunto con el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Litiga OLE y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, que tuvo por objetivo analizar las implicaciones legislativas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) por el caso Rosendo Radilla.
Desde entonces, un flujo interminable de actividades, declaraciones, decisiones, estudios y acontecimientos ha alimentado el debate público. Sin olvidar que las sentencias de la CorIDH por los casos de Valentina Rosendo, Inés Fernández, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera han insistido en la misma resolución: México debe reformar el sistema de justicia militar a fin de hacerlo compatible con los estándares de derechos humanos.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha restringido el fuero militar a partir de la revisión del expediente Varios 912/2010, que ha servido para desplegar una serie de hipótesis sobre los sujetos activos y pasivos en la violación de derechos humanos de civiles por parte de elementos militares, lo que aporta elementos muy valiosos para facilitar una observancia plena de las futuras normas por parte del Poder Judicial y de las autoridades encargadas de preservar la disciplina militar.
Factor indispensable en el debate, la sociedad civil organizada ha dedicado enormes esfuerzos para prevenir y para denunciar las violaciones a derechos humanos por parte de elementos castrenses. La persistencia de un fuero militar indebidamente extendido y utilizado ha tenido por consecuencia una nueva dimensión en el entendimiento del problema, que se ha plasmado recientemente en un documento sin paralelo, que recoge aprendizajes y desafíos colectivos de las y los activistas: el informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denominado “Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes”.
Nombres como Bonfilio Rubio Villegas, Jethro Ramsés Sánchez Santana o Jorge Otilio Cantú Cantú, son referentes obligados en la historia reciente de la indignación y la búsqueda de la justicia, gracias a la valentía de sus familiares y de las organizaciones que los han acompañado. Es por su injustificable sacrificio y por el sufrimiento de muchos otros más que las organizaciones se han enfrentado a una disyuntiva: continuar solamente por el camino de la denuncia pública y de litigios –que por demás han resultado fructíferos–, o bien participar también en un debate –uno más– para lograr que aquellos militares que atenten contra civiles sean procesados en la jurisdicción ordinaria.
Es así que la serie de audiencias públicas ha reunido en igualdad de condiciones a un sector que domina las herramientas de los régimenes internacional, interamericano y nacional de los derechos humanos, junto con otro que esgrime el honor, la disciplina y la herencia histórica de la defensa de la nación. Ambas partes han tenido que ceder a sus ideales –razonables o no– en aras de una reforma que actualice al país no sólo con los tratados, sino con los repetidos llamados de diversos actores e instituciones la comunidad global.
Por esto es que en esta cuarta audiencia, cuando se dijo que “sólo viola los derechos humanos quien está combatiendo a los delincuentes”, que la desaparición de Rosendo Radilla redundó en una sentencia “sin fundamento” y que los tribunales militares permiten un “bajo nivel de impunidad”, también se calló que al “limpiar la casa” también se la ensucia, que no hay “disciplina” que valga cuando se abusa, que la “certeza jurídica” debe estar del lado de la ciudadanía antes que del Estado.
Y también es necesario entender que este ejercicio no hubiera sido posible sin la situación del cambio de la presidencia: una fuerza política que intenta restituir su imagen después de un sexenio trágico; un grupo que regresa al poder con una campaña publicitaria que ha utilizado los derechos humanos como consigna, pero que no los ha traducido en hechos, y una izquierda desinteresada, de no ser por unos cuantos que han mantenido sobre la mesa de negociación un tema que debió haber sido prioridad colectiva.
Cuando las recomendaciones internacionales y el consenso social no han sido suficientes, está en manos de los senadores transformar este debate inédito en un acuerdo político sustantivo, que podría renovar mínimamente los lazos de confianza entre una ciudadanía lastimada por la impunidad y un Estado cuya violencia se ha desbordado de los márgenes de la ley. Cualquier simulación se delataría por sí misma.
