(14 de febrero del 2014).- Edwin Barrientos es un migrante hondureño proveniente de San Pedro Sula. A sus 26 años de edad, lleva más de tres años viviendo en México; en específico, habita en el área conurbada del Estado de México, donde sobrevive vendiendo dulces en los camiones que van de Tepotzotlán hasta Tultitlán.
Ha sido deportado en dos ocasiones. En todas ellas ha regresado. Lo dice con orgullo: “arre pija, a mí me agarran los policías mi hermano y yo me regreso; ese camino yo me lo sé como la palma de mi mano.”
La primera vez que lo deportaron, sucedió en el estado de San Luis Potosí, después de andar vagando entre ese estado y Tamaulipas, buscando a su joven tío que en ese entonces tenía 16 años. En ese entonces, lo detuvieron, lo tuvieron cerca de 26 días encerrado.
Recuerda su retención y proceso de deportación como si hubiese estado en la cárcel:
“Primero me atendieron porque traía los pies muy mal y estaba un poco deshidratado. Después me dieron de comer bien, el problema no estuvo ahí, luego me pasaron a un centro de migración en Querétaro, donde ahí se hubo pedo. No nos dejaban hacer nada, dormía en unas camas de la verga y además, no había televisión…”
‒¿Cómo te sentías?
‒La verdad como en la cárcel. Vos vieras cómo dimos de tumbos para que nos trataran bien. Para que nos dejaran ver la televisión, nada… los hijos de la gran verga tenían todos los baños cagados.
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Así como Edwin, tan sólo en el 2012, en México se detuvieron y alojaron en estaciones migratorias a 85 mil 100 personas extranjeras. De ellos, 69 mil 340 fueron hombres; 9 mil 928 mujeres mayores de edad; y 5 mil 832 menores de 18 años (4379 hombres y 1453 mujeres).
De los 85 mil 100 expedientes correspondientes a personas extranjeras alojadas en estaciones migratorias o lugares afines, el 50 % se radica en una sola entidad federativa: Chiapas. El porcentaje restante se concentró en cuatro entidades federativas más: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Distrito Federal.
Recientemente, la diputada Angélica de la Peña Gómez, denunció que a pesar de que existen algunos programas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, estos establecimientos administrativos manifiestan una concepción netamente carcelaria: celdas, rejas metálicas, aldabas, candados y bases de cemento que se usan como camas.
De hecho, la situación jurídica de estar personas, aunque no ha cometido delito alguno y no están señalados claramente como infractores, a menudo suelen ser tratados como tales; reciben, además de la deportación –en la mayoría de los casos– una sanción privativa de la libertad que va de los 15 hasta los 60 días hábiles, establecido en la Ley de Migración vigente.
El Observatorio de la Frontera Sur y Sin Fronteras (IAP), sostienen que las garantías jurídicas de los extranjeros alojados en estaciones migratorias son menores a las de las personas que han sido sentenciadas por la comisión de delitos y cumplen condenas en las cárceles de México.
Por su parte, de la Peña Gómez, sostuvo que “el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos de las personas migrantes debe comenzar a hacerse realidad en el trato y en las instituciones del propio Estado”, sostuvo.
La realidad es otra.
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La segunda vez que Edwin estuvo en un centro de detención, sucedió una vez que no aguantó las extorsiones de un policía. Dos meses antes, en vano, había intentado denunciar el robo del que cotidianamente era objeto. La denuncia nunca procedió.
En la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en el Estado de México, lo hicieron dar varias vueltas. A veces no podía entrar, al no tener papeles de identificación. Ni siquiera se abrió una carpeta de investigación.
Cada vez que lo encontraba el policía de los “ojos verdes”, sabía que dulces o dinero le podía quitar. “Era el derecho de piso…”, le decían. Cuando no llevaban nada, les quitaban lo que tenía. “No es mentira”, afirma, “pero en una ocasión, al no traer nada, a un compadre guanaco con el que trabajaba, le quitaron 12 cigarros”.
“La verdad hermano, esto está bien difícil. Muchos de nosotros no investigamos, porque tenemos miedo a que nos deporten. Yo lo denuncié, nunca procedió… tu sabes… nosotros… el policía de los ‘ojos verdes’, el que nos extorsionaba, para vengarse le avisó a migración. Me tuvieron otra vez dos semanas detenido… Me deportaron con un compadre guanaco [salvadoreño]”.
‒¿No prefería estar en el centro de migración?
‒No mi perro. Ya te dije, es como estar preso. Las personas que no dicen nada de extorsiones ni nada, es porque no quieren ser deportados ni estar ahí.
