Rodolfo López Ibarra, conocido como El Nito y considerado en su momento uno de los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva, reconoció ante una corte federal en Washington su responsabilidad en operaciones millonarias de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así como en el pago sistemático de sobornos a funcionarios mexicanos para facilitar dichas actividades ilícitas.
La declaración de culpabilidad fue presentada el 5 de febrero durante una audiencia ante la jueza federal Jia M. Cobb, casi un año después de que López Ibarra fuera expulsado de México junto con otros 27 presuntos líderes y operadores de organizaciones criminales considerados de alto riesgo. El acuerdo fue alcanzado tras varios meses de negociaciones entre fiscales estadounidenses y su defensa legal.
En el documento firmado, López Ibarra aceptó cargos que contemplan una pena mínima de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de hasta diez millones de dólares. Como parte del acuerdo, renunció a su derecho a ir a juicio y a presentar futuras apelaciones, a cambio de que la fiscalía recomiende una reducción en el riesgo de la sanción más severa, aunque la decisión final recaerá en la jueza.
Tras formalizarse el acuerdo, la corte fijó una audiencia de preparación de sentencia para el próximo 6 de mayo. Asimismo, López Ibarra se comprometió a entregar información detallada sobre los bienes y recursos financieros obtenidos mediante actividades ilícitas.

De acuerdo con la declaración de cargos, entre 2003 y 2016 López Ibarra formó parte de una conspiración criminal que operó en México, Guatemala y Colombia, con el objetivo de traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos por distintas rutas terrestres, marítimas y aéreas. Su participación incluyó primero una alianza con una facción del Cártel de Sinaloa y posteriormente un papel de liderazgo dentro de la organización de los Beltrán Leyva.
El expediente judicial señala que el acusado tuvo bajo su control aeronaves y vehículos con compartimentos ocultos utilizados tanto para el traslado de drogas como para el movimiento de dinero producto del narcotráfico. También se establece que López Ibarra tenía conocimiento del pago de sobornos a policías y funcionarios gubernamentales en México para evitar la intervención de las autoridades en las operaciones criminales.
Las actividades delictivas solo se habrían visto interrumpidas parcialmente durante el tiempo en que López Ibarra permaneció detenido en México entre 2009 y 2014, y habrían sido retomadas tras su liberación, hasta su captura con fines de extradición. Durante años logró retrasar su entrega a Estados Unidos mediante diversos recursos legales, hasta que fue expulsado de México en febrero del año pasado.
El caso de El Nito se inscribe en una tendencia reciente en la que narcotraficantes mexicanos extraditados o expulsados hacia Estados Unidos optan por declararse culpables y negociar acuerdos judiciales, lo que refuerza el papel de las cortes federales estadounidenses en el procesamiento de figuras clave del narcotráfico internacional.
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