- La FGR presentó ante la CNPJ protocolos y propuestas para homologar investigaciones por desaparición, extorsión y feminicidio, fortalecer capacidades forenses y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales; las 32 fiscalías estatales impulsarán el planteamiento legislativo.
La Fiscalía General de la República (FGR) puso sobre la mesa una batería de propuestas para cambiar y fortalecer la forma en que se investigan algunos de los delitos de mayor impacto en México. Durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, se acordaron acciones en materia de desaparición de personas, extorsión, feminicidio, derechos humanos, capacidades forenses y profesionalización, además de una propuesta para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El eje de los acuerdos apunta a que las fiscalías del país compartan procedimientos, capacidades y herramientas de investigación, especialmente frente a delitos que requieren coordinación entre autoridades federales y estatales. Entre las medidas de mayor alcance está la actualización del protocolo para investigar desapariciones, nuevas reglas operativas contra la extorsión y una propuesta que establece que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio.
Desapariciones: un mismo protocolo para investigar y buscar en todo el país
Uno de los puntos centrales fue la desaparición de personas, identificada como uno de los principales desafíos para las instituciones de procuración de justicia debido a la necesidad de contar con capacidades especializadas de investigación y búsqueda, coordinación institucional y atención integral para víctimas y familiares.
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, encabezada por Mariana Díaz Figueroa, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsaron una Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional dirigida a las fiscalías especializadas en desaparición.
Como punto de partida, se presentó un diagnóstico nacional sobre capacidades, fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad de las fiscalías estatales, con el que se busca detectar brechas y prácticas efectivas para reforzar de manera coordinada la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas, además de la atención a víctimas y familias.
La CNPJ también aprobó la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, elaborado mediante un proceso en el que participaron familias, colectivos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. El documento establece una metodología nacional coordinada y con perspectiva de derechos humanos, además de incorporar un enfoque diferenciado para personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
Su aplicación contempla capacitación, difusión, adecuaciones institucionales y mecanismos de seguimiento y evaluación, con el objetivo de que las nuevas disposiciones no permanezcan únicamente en el papel.
También fue aprobado el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, elaborado en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Digna Ochoa y Plácido vs. México.
El instrumento establece actuaciones ministeriales con enfoque de derechos humanos y reconoce a las personas defensoras como titulares de derechos y sujetos de protección reforzada. La siguiente etapa será su implementación institucional.
Extorsión: FGR busca cerrar espacios a estructuras criminales
Para enfrentar la extorsión, la FGR presentó un Manual de Operaciones para Fiscalías o Unidades Especializadas, enfocado en homologar desde la recepción de las denuncias hasta la investigación y persecución del delito.
David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó el instrumento, que busca fortalecer la protección y atención de las víctimas y establecer investigaciones coordinadas entre autoridades federales y estatales para desarticular las estructuras criminales vinculadas con la extorsión.
La Fiscalía también presentó planes de investigación específicamente diseñados para perseguir este delito, con la intención de establecer criterios comunes entre las instituciones responsables de llevar los casos ante la justicia.
Feminicidio: 50 a 70 años de prisión y 10 razones de género
Otro de los planteamientos de mayor peso corresponde al feminicidio. Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, expuso el proyecto de decreto presentado por la titular del Ejecutivo Federal para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
La propuesta, que se encuentra en análisis ante la Comisión Permanente del Senado de la República, plantea un cambio fundamental en el punto de partida de las investigaciones: toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, aplicando perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia reforzada.
El proyecto contempla además un tipo penal homologado en todo el país, 10 razones de género y 19 agravantes, así como penas de entre 50 y 70 años de prisión y sanciones específicas para los casos de tentativa.
La discusión dentro de la CNPJ busca que las fiscalías y procuradurías comiencen a identificar las acciones necesarias para una eventual implementación de la legislación, además de reforzar el intercambio de experiencias y la coordinación con la Federación.
Genética, balística y fentanilo: fortalecen capacidades forenses
La estrategia también alcanza el terreno científico. El Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) presentó acciones para conocer y fortalecer las capacidades de las fiscalías y procuradurías, así como mejorar la información incorporada al Banco Nacional de Datos Forenses y su intercambio entre la Federación y los estados.
Por su parte, el Centro Federal Pericial Forense presentó el proyecto de Guías de Valoración de la Prueba Pericial, diseñado para facilitar la comprensión de las diferentes disciplinas forenses y fortalecer la valoración de las pruebas dentro de las investigaciones.
Los dos primeros tomos ya publicados abarcan genética, toxicología, identificación humana, odontología, balística, medicina forense y criminalística de campo. Un tercer volumen, actualmente en elaboración, incorporará identificación facial y química forense, con especial énfasis en fentanilo, además de aspectos de medicina forense relacionados con mecánica y certificación de lesiones.
A este esfuerzo se suma el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), que presentó una nueva oferta de profesionalización integrada por especialidades, maestrías, doctorados, diplomados, cursos y talleres, tanto presenciales como a distancia, dirigida a fortalecer las capacidades del personal de procuración de justicia.
Reforma al Código Nacional llega a las 32 fiscalías
La Asamblea también abrió un frente legislativo. La FGR presentó una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) destinada a agilizar y fortalecer las investigaciones, particularmente las relacionadas con delitos de alto impacto, y reforzar las garantías de las víctimas.
El planteamiento fue adoptado para ser enriquecido e impulsado por las 32 fiscalías estatales, lo que abre la puerta a una construcción conjunta de modificaciones jurídicas dirigidas a entregar mejores herramientas a las instituciones encargadas de investigar y judicializar delitos.
Al concluir los trabajos, Ernestina Godoy Ramos señaló que los acuerdos alcanzados deberán convertirse en acciones concretas que contribuyan a la Estrategia Nacional de Seguridad y subrayó que el fortalecimiento de la procuración de justicia depende tanto de las capacidades individuales de las instituciones como de su coordinación.
La FGR mantendrá la coordinación con las fiscalías estatales mediante sus fiscalías federales, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Inteligencia Criminal y las áreas periciales, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y la judicialización de delitos federales.
