En un reflejo de la profunda descomposición y la crisis de violencia que azota al estado de Morelos, la Fiscalía General del Estado (FGE) intervino de manera urgente y aseguró las oficinas de la Presidencia Municipal de Temoac.
La medida jurídica se implementó tras la ejecución a balazos del alcalde Valentín Lavín Romero, quien fue ultimado por sicarios al interior de su propia sede alterna de despacho provisional.
A través de un comunicado emitido por la Fiscalía Regional Oriente se informó que el Ministerio Público ordenó el resguardo inmediato del inmueble oficial.
El operativo contó con el apoyo de fuerzas integradas en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. La intención de este blindaje es preservar la escena y recolectar indicios criminalísticos que permitan esclarecer un crimen que desafía abiertamente la gobernabilidad de la región.
Un historial de amenazas y complicidades
La ejecución de Lavín Romero —quien gobernaba bajo las siglas del Partido Verde (PVEM)— no ocurre de manera aislada, sino en un complejo entramado de violencia, acusaciones criminales y presunta omisión oficial.
Apenas en enero de 2026, el edil había sobrevivido a un primer atentado a balazos en una carretera. Posteriormente, en mayo del mismo año, aparecieron narcomantas en el centro de Temoac donde grupos de la delincuencia organizada le exigían «alinearse».
Sin embargo, las investigaciones del tejido social apuntan a un escenario mucho más turbio.
El entorno familiar del alcalde —particularmente su suegra y extesorera municipal— había sido detenido previamente por las autoridades federales bajo acusaciones de liderar la célula criminal de Los Aparicio, vinculada a extorsiones, secuestros y cobro de piso en la zona oriente.
Organizaciones y pueblos en defensa de la tierra habían exigido indagar a Lavín Romero por su presunta autoría intelectual en los homicidios de activistas de la región, entre ellos la líder social Sandra Rosa Camacho Flores —asesinada en marzo tras denunciar directamente al alcalde ante el gobierno estatal— y el emblemático defensor del territorio Samir Flores Soberanes.
