(02, de julio de 2014) El 22 de septiembre de 2009 -mediante el oficio SGAF/50000/09- se notificó a la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles México S.A de C.V (CAF) la adjudicación de un contrato millonario para la renta de un lote de 30 trenes para la Línea 12 del Metro.
Días después funcionarios metropolitanos comenzaron a afinar los detalles del contrato STC-CNCS-009/2010. Juan Carlos Mercado, entonces subdirector de Finanzas del Metro, solicitó al Oficial Mayor del GDF, Adrián Michel Espino, que se incluyera en el contrato una cláusula para que, de existir una controversia entre el GDF y la empresa española, fuera la Cámara de Comercio Internacional (CCI) quien fungiera como árbitro.
La solicitud, realizada el 29 de abril de 2010 a través del oficio SGAF/50000/095/10, tenía como sustento legal el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, donde se establece que las controversias relativas a la interpretación de contratos serán resueltas por Tribunales competentes del Distrito Federal.
En la misma norma se especifica que puede pactarse una cláusula para designar otro árbitro, en cuyo caso deberá contarse con la aprobación de la Oficialía Mayor del DGF.
A pesar de que el Centro de Arbitraje de México (CAM) tiene prácticamente el mismo procedimiento que la Cámara de Comercio Internacional (CCI), Adrián Michel argumentó como ventajas del organismo internacional su agilidad, confidencialidad, sede e idioma del procedimiento.
La propuesta de Michel fue cuestionada el 17 de mayo por Silvia Marcela Arriaga Calderón, directora ejecutiva de Apoyo Jurídico de la Oficial Mayor del GDF, quien no entendía cuáles eran las razones específicas del contrato que generaban la necesidad de establecer una cláusula arbitral. En el escrito también solicitaba que en caso de controversia los peritos fueran mexicanos.
El 26 de mayo de 2010 la Oficialía Mayor autorizó -en el oficio DEAJ/344/2010- la inclusión de la cláusula arbitral al contrato para la renta de los trenes. En el documento también parece la firma de Arriaga Calderón.
Cuatro años después de la realización del documento cobra sentido la medida preventiva de los funcionarios: el contrato por mil 588 millones de dólares se encuentra en riesgo por la incompatibilidad entre trenes y vías, según adelantó la dictaminadora Systra en su informe preliminar.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal creó una Comisión Especial que investiga el caso de la Línea 12; los asambleístas Héctor Saúl Téllez y Christian Von Roerich se han manifestado en contra de que Michel participe en dich comisión, pues “él fue funcionario directo del gobierno de Marcelo Ebrard y ocupó el cargo de Oficial Mayor. El artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo Metro, le daba un espacio para participar en la toma de decisiones, es evidente que participó en la toma de decisiones y hoy tiene un claro conflicto de interés”.
