Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Altiplano dictó prisión preventiva contra Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar, por su probable participación en delitos de contrabando y delincuencia organizada.
La imputada es vinculada a una red delictiva de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México a través de ferrotanques, compañía de la cual el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es accionista mayoritario.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión en la colonia Chapultepec Morales, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
Tras ser puesta a disposición judicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló la imputación formal. La defensa de la detenida se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República, Hernández Hinojosa intervino activamente en operaciones de comercio exterior donde se declaraban volúmenes de hidrocarburo sustancialmente menores a los reales o se reportaban productos distintos para evadir impuestos.
Los datos de prueba la señalan además como firmante autorizada en cuentas bancarias de la empresa y responsable de formalizar contratos de distribución, así como de gestionar ante las autoridades aduaneras la liberación y regularización de cargamentos con inconsistencias documentales.
Con esta captura, la institución federal informó que suman nueve las personas aprehendidas en relación con esta estructura de contrabando ferroviario de combustible, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso.
Las autoridades ministeriales destacaron que este resultado deriva de los trabajos de inteligencia y coordinación institucional dirigidos a desmantelar la organización criminal y resarcir el daño al erario.
