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Guardias comunitarias purépechas: defendiendo el derecho de los pueblos a la vida

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Heriberto Paredes Coronel / Subversiones

Traducción Antonio Jiménez

(21 de febrero).- El municipio de Los Reyes en Michoacán se encuentra en la región más occidental del estado, y sirve como un puente entre la región purépecha y la región conocida como Tierra Caliente.

Durante los primeros seis meses de 2013 se convirtió en una región denominada de “alto riesgo” en términos de seguridad para sus habitantes y viajeros, debido a los intentos de control territorial por parte del cártel de la droga conocida como Los Caballeros Templarios.

La presencia de esta organización criminal en dicha zona, se debe al surgimiento de grupos de autodefensa en los municipios cercanos de Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec y Coalcomán, entre otros, que han obligado al cártel a replegarse. En tanto, una situación similar, pero menos definida prevalece en Aquila y Aguililla.

En Los Reyes esta situación se ha vuelto más crítica y varias comunidades han recurrido a las tradiciones purépechas de defensa y protección de la población y territorio. Esto ha incluido también la necesidad de dar un nuevo impulso a la aplicación de sistemas alternativos y estructuras de justicia basadas en tradiciones y costumbres indígenas. A finales de enero del 2013 una ofensiva de los sectores más activos del crimen organizado intensificó sus esfuerzos para asegurar el control de esta región rica en producción de aguacate, como una forma de recuperar la pérdida de beneficios en el negocio de la droga debido a su desplazamiento de otras comunidades de la misma región.

De repente, los Caballeros Templarios llegaron a varias comunidades -entre ellas, las conocidas como 18 de Marzo, Uruscato, Cheratillo y Cherato- con sobres sellados con su logotipo, que contenían datos clave de perfiles de cada responsable comunal en la región, haciendo hincapié en que poseían un censo de la población local y los datos de su productividad. Con base en esto, habían determinado que cada comunero debía pagar 2 mil pesos por cada hectárea dedicada a la producción, siendo esto no una petición, sino una demanda que se tenía que obedecer.

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Así es como el cartel que aseguraba “velar por el bienestar de la gente de Michoacán”, terminó exigiendo el pago de “impuestos” a los campesinos que se encuentran en una situación económica compleja, caracterizada por la disminución de los niveles de la producción y de los ingresos.

La descripción de este control que se estableció se dibuja a partir del análisis del doctor José Manuel Mireles. En una entrevista, afirmó que la forma en que  se posicionaron en Tepalcatepec y en la región de Tierra Caliente, se debió a los combates entre los diferentes grupos armados que compiten por el control, donde luego el ganador se reivindica a través de la imposición de “cuotas” a sus habitantes.

Esto incluye los honorarios para cada kilo de carne y cada cabeza de ganado que se venden, por cada metro cuadrado ocupado por las casas, y en definitiva, para la propia existencia de cada residente. Este proceso comienza con cargos “menores”, y luego, cuando la población se hace más sumisa, los aumentos en las cuotas se multiplican y comienzan a erosionar la economía local hasta que se destruye. Esto también incluye el sometimiento de cada miembro de la familia, que al final se ven obligados a trabajar para el crimen organizado.

La dinámica organizacional que está en marcha en las comunidades purépechas de Los Reyes es un esfuerzo para poner un freno a este proceso. La respuesta inicial a la presencia de los “hombres con los sobres de la marca”, fue una asamblea regional donde se tomó la decisión de resistir a las cuotas que se habían impuesto y en la que rechazaron la autoridad de Los Caballeros Templarios para exigir dichos pagos o cualquier otro tipo de coacciones. El argumento esencial es muy simple: “cuesta demasiado ganarse la vida como para permitir que alguien venga desde el exterior y te lo arrebate”.

Las autoridades municipales, incluido el alcalde, José Antonio Salas Valencia del Partido Acción Nacional (PAN), no sólo no han actuado de conformidad con sus responsabilidades como funcionarios públicos para mantener la seguridad de las comunidades y sus habitantes, sino, también han amenazado a los comuneros con represalias si no regresan a sus comunidades de origen. El panorama general se define cada vez más, por lo que ya no posible continuar negando la existente complicidad entre sectores del gobierno municipal y de Los Caballeros Templarios.

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Los habitantes de las comunidades purépechas están enfadados e indignados y comienzan a organizarse para resolver la difícil situación que enfrentan a través de las estructuras de resistencia que ellos han procurado durante años.

Las guardias comunitarias en Los Reyes emergen en este contexto, y se organizan para proteger a las personas que viven en estas comunidades. Instalan barricadas en las entradas y salidas principales de sus comunidades, organizan turnos rotativos 24 horas de guardias y realizan patrullajes a lo largo de los territorios del municipio con una renovada expresión y sentimiento de hermandad. Una nueva forma de vida, emergida de la vergüenza y la rabia, pero sobre todo de la conciencia de que el crimen organizado también tiene mandos dentro de las estructuras de gobierno local.

Estos esfuerzos surgen dentro de un marco mucho más amplio y profundo centrado en reflexiones y acciones para la reconstrucción del tejido social de las comunidades, y sobre la necesidad de exigir las condiciones necesarias para lograr una vida digna, y luchar por ella. Este es tiempo para defender el derecho de todos a la vida y todas las implicaciones que tiene, y no simplemente de una confrontación con las autoridades. La decisión de recuperar el hilo de la tradición de las guardias comunitarias, terminó siendo un paso necesario en la faz de la desesperada situación que estas comunidades enfrentan, en contra de su completo olvido, la miseria y la violencia. Todo esto se ha visto agravado por el abandono de las condiciones sociales de la comunidad que se caracterizan por la falta de acceso a los niveles básicos de la educación, la salud, el agua y el desempleo generalizado.

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