En un movimiento calificado como histórico, el Gobierno de México formalizó la entrega de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada, marcando un giro en la administración del recurso en la frontera norte del país.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que este cambio corrige un esquema donde el agua beneficiaba a unos cuantos y no al pueblo, al tiempo que elimina intermediarios que durante años obtuvieron ganancias por su comercialización.
Fin a pagos millonarios y control directo para municipios
El director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó que durante más de dos décadas estos municipios no contaban con concesiones propias y dependían de un distrito de riego, al que debían comprar el agua bajo un esquema de transmisión.
“En los últimos cinco años, tan solo en los últimos cinco años, estos municipios han tenido que pagar a un distrito de riego más de 531 millones”, detalló.
Con la nueva legislación, este modelo cambia de fondo:
“El día de hoy vamos a entregar los títulos de concesión para que sean los municipios quienes administren el agua y que realicen sus pagos como el resto de los municipios a la federación como siempre debió ser. Es un acto de justicia para el pueblo de Baja California”, afirmó.
El agua, primero para las familias
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que esta medida garantiza por ley que el agua llegue primero a los hogares, colocando a las familias en el centro de la política hídrica.
“El agua llegue primero a los hogares, a las familias, porque no hay transformación sin bienestar, y no hay bienestar sin el acceso al agua”, señaló.
Además, enfatizó que este cambio representa el fin de un modelo donde el recurso era tratado como mercancía o privilegio, y no como un derecho.
De negocio intermediado a derecho garantizado
Antes de esta reforma, los municipios no solo dependían de terceros, sino que además enfrentaban costos elevados: se estima que el distrito de riego recibía alrededor de 200 millones de pesos anuales por la venta del agua.
Ahora, con la Nueva Ley de Aguas Nacionales, los municipios cuentan con derechos directos sobre el recurso, eliminando intermediarios y fortaleciendo su capacidad de gestión.
“La entrega de estos títulos de asignación a nuestras ciudades no es un simple trámite burocrático, es devolverle al pueblo lo que es suyo”, expresó la mandataria estatal.
Este nuevo esquema permite que el agua deje de ser un negocio intermediado y se consolide como un recurso administrado directamente por los municipios, con impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas en Baja California.
