(25 de febrero, 2014).- El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capitulo México, resolvió, luego de meses de intensa búsqueda e investigación, la condena del gobierno mexicano por el “exterminio programado de su cultura”.
La resolución final del juicio fundado en el 2011, se dictaminó una vez que el Estado mexicano ha violado el derecho de la población a la alimentación y siembra libre de transgénicos, promoviendo la contaminación con genes alterados del maíz, la imposición de una política agroindustrial generalizada, el deterioro del campo y los campesinos, la violación de la autonomía de los pueblos, así como la vulneración “irrestricta” de la soberanía alimentaria.
Los jueces, reunidos la noche del 24 de febrero en el auditorio de Casa Lamm en la Ciudad de México, expusieron durante más dos horas el veredicto final avalado por científicos, sociólogos, activistas de derechos humanos, entre otras disciplinas, que buscan, finalmente, trascienda su veredicto al tribunal internacional de La Haya.
Jean Robert, filósofo, historiador, matemático y activista social de origen suizo, calificó las políticas a las políticas librecambiarias, como un “verdadero molino satánico”, ya que a partir de éstas se ha puesto en peligro a los pueblos que han subsistido milenariamente del maíz, devastado importantes recursos naturales, acabado con formas de vida y ha comenzado a destruido el tejido social de las comunidades.
“La voluntad de los pueblos ha sido sometida a mecanismos supuestamente autorregulados, que en realidad los ha sometido a los postulados de la economía. El maíz no sólo representa la integridad cultural que representa el saber de siglos y, en el caso de los pueblos indios de milenios, sino incluso sino que constituyen la evolución milenaria de una planta con una civilización”, afirmó enfáticamente.
Por su parte, Andrés Barreda, economista, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y juez del TPP, afirmó que con las políticas del Tratado de Libre Comercio promovidas por los Estados Unidos, México y Canadá, han erosionado sistemáticamente el derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos, sobre todo los indígenas, al anteponer medidas económicas que han destruido el campo y privilegiado a las empresas multinacionales.
“Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más dramáticas de las violaciones de los derechos humanos y de los pueblos”, leyó como parte del veredicto.
Este juicio fue compartido de igual manera, por Elena Álvarez-Buylla, integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, señaló que estudios emprendidos por su organización, ha encontrado rastros de genes alterados en laboratorios en plantaciones criollas de maíz, motivo por el que además miles de campesinos pueden estar en riesgo de ir a la cárcel ante la complicidad de las autoridades.
Por último, Alejandro Álvarez, integrante del Comité 68. Pro libertades democráticas, sostuvo que con su investigación para el TPP, encontraron que “miles de personas” habían sido sistemáticamente reprimidas por defender sus raíces campesinas, al Estado y por enfrentarse a las políticas económicas de Tratado de Libre Comercio.
“Tal vez no se puede ver de botepronto, pero si hacemos un recuento de toda la sangre que ha sido regada por defender los territorios, población y cultura, veremos que el pueblo mexicano no ha dejado perder las batallas. El problema es que hay patrón sistemático de represión; un patrón de exterminio físico y moral de los pueblos”, finalizó.
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El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional.
La solicitud al TPP de abrir un capítulo en nuestro país tiene como finalidad visibilizar la situación de violencia estructural imperante vivida en México a raíz de la firma de numerosos tratados del libre comercio, e intentar desnudar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano para mantener en pie dicha política económica.
El jurado en su capítulo México, ha sido integrado por Philippe Texier, Andrés Carrasco, Gustavo Esteva, Marcelo Ferreira, Gustavo Esteva, Luis Macas, Pat Mooney, Camila Montesinos, Jean Robert y Antoni Pigrau Solé.
Para ver el resumen completo del veredicto, ir a la siguiente liga.
