Proyecto Diez / @ProyectoDiez
(22 de marzo, 2014).- “No queremos dinero, queremos que aparezcan nuestros hijos”, precisó María Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana, quien desapareció el 17 de enero de 2011 cuando después de salir de una gasolinera, a bordo de su camioneta, ya no llegó a casa.
Lupita, como todo mundo la conoce, es integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), organización que comenzó a formarse a través de las experiencias dolientes de las cientos de familias que en este estado han visto desaparecer a más de nueve mil personas del año 2000 a la fecha.
Ella, como muchas otras víctimas, fue invitada por los diputados del Congreso Local para participar en la formulación de la Ley de Atención a Víctimas del estado de Jalisco, la cual se aprobó el pasado 26 de febrero, sin una sola de sus recomendaciones.
La invitaron a dar su testimonio porque como muy pocas, Lupita, conoce los recovecos del sistema de justicia local, pues ha mostrado sus ineficiencias en el registro de los desaparecidos, sus imprecisiones al momento de identificar a las víctimas y los constantes obstáculos que les ponen a las familias cuando, pese al miedo, deciden no sólo levantar las denuncias sino hacer ellas mismas las investigaciones. Y es que en Jalisco, si las familias no inician la búsqueda, ésta simplemente no se da.
Esto lo sabe muy bien Lupita, quien tiene tres años buscando a José Luis y ha sido la principal artífice de toda la información que se ha generado sobre el caso, aunque al principio no fue así, pues ella confío en la autoridad.
Cuando José Luis desapareció, ella y su familia tuvieron que esperar 72 horas porque las autoridades les dijeron que “eso marcaba la ley”, hoy saben que no es así. También retiraron de redes sociales la foto de su hijo porque “eso entorpecía las investigaciones”. Así esperaron por más de 89 días hasta aquel 15 de abril de 2012, cuando Lupita decidió salir a buscar a su hijo cansada de recibir nada.
“Vivió las de Caín”, pero su búsqueda comenzó a dar frutos cuando -con ayuda de la compañía de seguros- localizó el auto de su hijo en un corralón de Manzanillo (Colima). El vehículo estaba ahí desde el 2 de marzo de 2011 relacionado con una balacera, pero nadie investigó nada a pesar de que la camioneta tenía reporte de robo desde enero de ese año. Al saberlo informó a las autoridades de Jalisco, pero nadie hizo nada.
Fue la propia Lupita la que viajó a Manzanillo y, como pudo, logró entrar al corralón para revisar el auto. Ahí encontró ropas de su hijo, manchas de sangre y los recibos que comprueban que el vehículo salió de Jalisco hacia Colima el mismo día de la desaparición.
Exigió a las autoridades que viajaran para realizar los peritajes correspondientes y trasladar la camioneta a Jalisco, ni una u otra cosa pasó. Fue ella quien con su dinero, en junio de 2011, trajo la camioneta para que los peritos jaliscienses la pudieran examinar.
A la fecha, la camioneta fue regresada a la familia, “pero hemos descubierto que el peritaje no ha sido integrado a la averiguación previa”, comentó Lupita, para quien esto es una grave omisión porque ésta es clave en la investigación. Personal de la Fiscalía General, le comentó que pronto le entregarían el peritaje realizado dos años atrás.
Historias como la de Lupita integran el cúmulo de experiencias alrededor de FUNDEJ y, por ello, ésta fue una de las organizaciones que más participó en la “discusión” de la Ley de Atención a Víctimas que en julio de 2013 propusieron las bancadas del PRI y PVEM.
Durante 40 días, el Congreso Local convocó a 24 foros y recibió 500 propuestas, entre ellas las de FUNDEJ y las del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, mismas que fueron analizadas por las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Puntos Constitucionales. Dijeron que todo fue incluido.
Para FUNDEJ esto es mentira porque “no tomaron en cuenta ninguna de las sugerencias que les dimos por escrito. Todo fue puro teatro, sólo querían la foto con las víctimas”.
Lo mismo precisó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien a través de Silvano Cantú (co-autor de la Ley General de Víctimas), asesoró a los diputados para armonizar la ley local con la Ley General. Al final, su asesoría no fue tomada en cuenta.
El camino para la aprobación de esta Ley fue el político y no el de los derechos humanos, pues el 12 diciembre de 2013 se aprobó otra iniciativa de Ley de Víctimas propuesta por diputados de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Esta iniciativa se sumó a la ya existente del PRI/PVEM, centrando todo el debate en las posturas partidistas.
La propuesta que, finalmente, se votó en el pleno del congreso fue la del PRI/PVEM, la cual fue aprobada el 26 de febrero de 2014 en medio de la polémica porque en ésta no sólo se restó los derechos con los que ya contaban las víctimas (en la Ley General) sino que también las dejaron fuera de los mecanismos donde éstas deberían jugar un rol central.
Organismos como la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Padrón Estatal de Víctimas quedarán en manos del gobierno haciéndolo “juez y parte”, pues víctimas y/o especialistas podrán participar pero siempre en desventaja, pues la Comisión estará conformada por cuatro funcionarios públicos y tres ciudadanos, y el Padrón quedó a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos que depende de la Fiscalía General, instancia local que más denuncias por violación a los derechos humanos tiene en Jalisco.
También se omitió de la Ley local las medidas de satisfacción que son parte fundamental de la Ley General de Víctimas, ya que éstas dotan de un sentido simbólico e histórico tanto a las razones como a las causas que originan la violencia, entre las que se incluyen: la revelación pública y completa de la verdad; la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos de las personas asesinadas; la declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; las disculpas públicas de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas; así como la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas.
Al dejar de lado las medidas de satisfacción, el poder legislativo re-victimiza a las víctimas y sus familias porque asume que éstas sólo buscan o pretenden una reparación económica del daño. Al parecer, para los diputados, todo parece resolverse con el asistencialismo.
Así lo consideró Lupita, para quien no hay un respeto por las familias ni un reconocimiento de su calidad de víctimas: “Así como quedó la Ley, no nos servirá de nada. Si a mí me dijeran le vamos a dar un millón de pesos, pero cállese la boca, no me callaría. Yo quiero que aparezca José Luis. Nosotros (FUNDEJ) queremos justicia, no dinero”.
Para Francisco Macías, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), esto es así porque la Ley es el reflejo histórico de las graves deficiencias en la atención a víctimas en Jalisco: “En la Ley no hay garantía, promoción, protección, respeto y reparación de los derechos humanos de las víctimas. Todo el insumo fue partidista”.
De la misma manera lo explica Silvano Cantú: “Las víctimas no son solicitantes de cuotas o medidas asistenciales, no van a pedir cheques y con eso reparar el daño, las víctimas lo que están buscando justicia. Para el gobierno queda claro que no es relevante la construcción de la memoria histórica de y a través de las víctimas”, precisó.
Al no tomarse en cuenta esto, lo que niega la Ley a las víctimas es el derecho a la memoria: “Al negar la Ley el derecho a la memoria, jamás podremos saber cómo sucedieron diversos hechos ni cuál es el grado de responsabilidad de las autoridades implicadas en ellos; es decir, se omite la revisión histórica que obligaría al gobierno de Jalisco a abrir archivos del pasado”, explicó Francisco Macías de Cepad.
Erradicar estas medidas de satisfacción, según señalan víctimas y especialistas, vuele a la Ley aprobada anti-constitucional. Los legisladores olvidaron que por jerarquía normativa la Ley General de Víctimas está por encima de la recién aprobada ley local y, por tanto, no puede contravenirla ni impedir el libre ejercicio de los derechos que se derivan de ella.
Para Lupita, el camino para buscar a José Luis será más complicado: “Teníamos derechos que no respetaban, ahora nos los quitan. Nos re-victimizan y parece no importarles”.
Sin fondos para ayudar a las víctimas
A pesar de que el Gobierno de Jalisco ha manifestado -tras la muerte de María Fernanda Vázquez, alumna de la Universidad de Guadalajara que fuera atropellada por la imprudencia de un chofer de transporte público el pasado viernes 7 de marzo- que su nueva postura es respetar el espíritu de la Ley de Atención a Víctimas, lo cierto es no existe un fondo monetario que sustente la perspectiva asistencialista con la que se desea apoyar a las personas afectadas por la violencia derivada de las omisiones o inacciones del estado.
La razón es que los diputados no asignaron presupuesto para la Comisión Ejecutiva que se responsabilizará del Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas. Así que la ley que entrará en vigor el próximo 26 de marzo, no cumplirá con los planes “humanistas” del gobierno de Aristóteles Sandoval, tampoco servirá como un marco jurídico sólido para restituir los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
Desaparecidos
Víctimas que, por cierto, no pueden colocarse en una misma definición, ya que como precisan las familias de FUNDEJ: “Una cosa es ser víctima del delito, de la violencia que está viviendo el país y otra cosa muy diferente son las víctimas del transporte público. El gobierno está confundiendo ambas circuntancias para evadir su responsabilidad. El fondo del asunto es que no hay un reconocimiendo de nuestra calidad de víctimas”.
